El Ayuntamiento de Gijón movilizó unos 31 millones de euros en 97 adjudicaciones realizadas a lo largo de los doce meses del año pasado. Ese es el cómputo al que se llega tras analizar la relación de adjudicaciones hechas por el servicio de contratación y compras, que hace pública esa información en cumplimiento del artículo 20 del reglamento orgánico de funcionamiento del Pleno. Las sumas finales están cuatro millones por debajo de las alcanzadas en 2014. Una rebaja que tiene sentido al recordar que 2015 fue año electoral y durante el tiempo de transición en el gobierno la actividad municipal suele relajarse.
Entre ese casi centenar de contratos rematados en 2015 los hay de gran envergadura por los recursos que movilizan pero también de trascendencia social por el proyecto que comprometen. El capítulo de los millonarios incluye los contratos de suministro de energía eléctrica (4,3 millones) o control de tráfico (7,2 millones). Son contratos por varios años. A ellos hay que sumar los casi cinco millones de las obras de consolidación del edificio de Tabacalera.
En el segundo ámbito está, por ejemplo, el contrato de poco más de 30.000 euros a una ingeniería para redactar el proyecto de ejecución de la urbanización del primer suelo del plan de vías. Además, y al margen del goteo de subvenciones a comunidades de vecinos para la mejora de las fachadas, el año pasado se contrataron desde el Ayuntamiento el proyecto de redacción de la reforma integral del barrio de Nuestra Señora del Carmen en Portuarios y las obras de la primera fase de Inuesa (Tremañes). También hubo dinero para los esperados enlaces de Nuevo Gijón y El Lauredal o el alumbrado de La Arena. Y también hay contratos que se hicieron realidad y se frustraron sin salirse de 2015: caso de la concesión para la residencia de estudiantes del campus.
Las cifras finales de las adjudicaciones de contratos para obras o suministros del año pasado vuelven a reflejar las importantes discrepancias que hay entre el precio de licitación inicial y el de adjudicación final. Las ofertas que presentan las empresas están en muchas ocasiones entre un 30 y un 40% por debajo del precio fijado por los técnicos municipales. Y aquí empiezan algunos problemas que la actual Corporación municipal quiere solventar revisando todo el proceso de contratación para evitar que se lleve el contrato quien, simplemente, presente la oferta económica más baja dentro de la ley. A esas licitaciones a la baja se achacan desde la oposición los problemas que se han venido sufriendo con obras mal ejecutadas o muy retrasadas en plazo, un mal servicio en trabajos de mantenimiento o conflictos laborales con el personal de concesionarias de servicios.
Mejoras laborales
Por mandato plenario, donde el tema ha sido motivo de debate a través de iniciativas de PSOE, PP, IU y Ciudadanos, el equipo de gobierno de Foro Asturias se ha puesto manos a la obra. Por un lado, desde la concejalía de Hacienda, Organización Municipal y Empleo que encabeza Ana Braña se trabaja en una revisión de la fórmula para fijar el precio de cada contrato y también en la modificación de los porcentajes que marcan la condición de baja temeraria de una oferta. Y por otro lado, se están analizando los pliegos de condiciones administrativas de los contratos para incorporar cláusulas extraeconómicas. En este sentido hay sobre la mesa una instrucción para la implantación de la contratación pública sostenible en el Ayuntamiento y sus organismos autónomos con capítulos dedicados, por ejemplo, a la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales vinculadas al objeto del contrato como criterios de valoración y a las preferencias sociales en la adjudicación con independencia del objeto del contrato. En otros apartados de la normativa se fijan criterios para la reserva de participación en los procedimientos o para establecer condiciones especiales en la ejecución.
Si todos los caminos abiertos en el Ayuntamiento se transitan según lo marcado los nuevos sistemas de contratación municipal deben servir para mejorar la calidad de las obras y suministros de la ciudad, garantizar los derechos laborales de los trabajadores implicados y facilitar el acceso a la contratación municipal de empresas que trabajan con los colectivos sociales más desfavorecidos.
