El Gobierno regional va a reservar cada año un porcentaje de sus contratos para centros especiales de empleo, como medida de apoyo a la viabilidad de Apta. La decisión, pendiente de materializar por un acuerdo del Consejo de Gobierno, llega después de una reunión al más alto nivel del ejecutivo autonómico con Ilunión, el grupo empresarial de la ONCE que desde 2009 está sosteniendo económicamente a Apta y que en septiembre pasado anunció su decisión de abandonarla.
Apta ocupa actualmente a 182 trabajadores, de los que 153 tienen discapacidades psíquicos. En 2009, cuando entró en crisis, contaba con 350 empleados. El cierre de la fábrica de Suzuki en Gijón y la deslocalización de otras factorías europeas de motocicletas hicieron que Apta perdiera su principal fuente de ingresos, el suministro de cableado para esas fábricas.
La Consejera de Servicios y Derechos Sociales del Principado expresó a este diario su "preocupación por la decisión de Ilunión de abandonar el proyecto" e indicó que el Principado está "viendo las posibilidades para que esa decisión de la ONCE no se llegue a ejecutar. Queremos que la decisión de abandonar el proyecto no se materialice y estamos intentando convencerles de que es un proyecto viable".
El director de relaciones corporativas de Ilunión, Fernando Riaño, indicó el pasado jueves durante una visita en Gijón que Ilunión había mantenido una reunión reciente con el Principado para tratar de evitar el cierre del centro de trabajo de Apta y pidió "una implicación de la Administración pública en todo" para salvarla.
Pilar Varela respondió al directivo de Ilunión recalcando que el Principado está apoyando con diversas medidas la continuidad de Apta. Varela aclaró que esa reunión se celebró el pasado 30 de diciembre entre el presidente del Principado, el Consejero de Industria y ella misma con el consejero delegado de Ilunión y otros altos cargos del grupo Once. En la reunión, los directivos de la ONCE plantearon que desde 2011 "habían visto que no se había avanzado en la reserva de mercado para centros especiales de empleo y cláusulas sociales", indicó la consejera.
El Principado recogió el guante y va a modificar la normativa de contratación para reservar un porcentaje de los contratos públicos a centros especiales de empleo y para empresas de inserción. El planteamiento que se está estudiando es destinar cada año un 8% del volumen de contratación que haya habido el año anterior a esos centros especiales. La legislación permite a las administraciones públicas reservar entre el 6% y el 10% de su contratación para centros especiales de empleo.
Para Ilunión la medida no es suficiente, dado que en aquella reunión solicitó al Principado una implicación más directa: la entrada de la Administración regional en el accionariado de Apta. Una propuesta que no es asumida por el Gobierno regional, dado que "en Asturias hay 105 centros especiales de empleo con 1.300 trabajadores con discapacidad", señaló Varela.
Así las cosas, Ilunión, que ha destinado 13 millones de euros a sostener Apta desde que estalló la crisis en 2009, considera que la salida para el centro especial de empleo pasa por apoyos en la contratación pública y porque el Principado entre en su accionariado, mientras el Gobierno regional no considera que sea necesario esto último y sí que no se vaya Ilunión del mismo.
Además de aplicar una reserva de mercado en las contrataciones del Principado, el Gobierno regional también planteó a los directivos de Ilunión que cualquier proyecto inversor en Apta contaría con ayudas públicas como las que reciben otras empresas. Todo esto añadido a que el Principado subvenciona gran parte del salario de los trabajadores con discapacidad.
"Nosotros hemos propuesto esas cuestiones para demostrarles cual es nuestro compromiso", indicó la consejera. Pese a ello, Ilunión mantiene su decisión de desprenderse del 46% del accionariado que posee en Apta. Varela insistió en "pedirle a la ONCE que no se aleje de este centro especial de empleo", considerando que su mayor garantía de futuro pasa por la permanencia del grupo, "con la potencia que tiene". La consejera considera que "es muy descorazonador que un grupo capaz de generar empleo para 50.000 personas con discapacidad no sea capaz de hacer viable este proyecto en Asturias y Gijón".
El Principado ha estado manteniendo reuniones con Ilunión, la asociación de padres y el comité de empresa desde que en septiembre Ilunión anunciara su decisión de dejar Apta, cuya gestión controla desde 2011 a pesar de que el socio mayoritario es la Asociación de Padres de Antiguos Alumnos del Sanatorio Marítimo, con el 56% del accionariado.
Además del Principado, el Ayuntamiento de Gijón también va a favorecer la contratación a centros como Apta, en este caso incluyendo cláusulas sociales en los pliegos de licitaciones públicas, algo que ya existe en otros ayuntamientos asturianos, como el de Avilés, desde 2009.
