Después de más de 70 años de actividad, la empresa gijonesa Promociones Moro ha solicitado en el juzgado mercantil de Gijón ser declarada en concurso de acreedores para su posterior liquidación, declarando un pasivo cercano a los 28 millones de euros, que la empresa vincula directamente a la sentencia del Tribunal Supremo que en mayo del año pasado anuló el anterior PGO de Gijón.
Moro fue una de las empresas que adquirió terrenos en Castiello, donde el PGO del anterior gobierno socialista de la ciudad había previsto una urbanización con 4.000 viviendas, el denominado Plan de Castiello. Tras la anulación del PGO, esos terrenos que iban a ser urbanizables volvieron a ser rústicos. Un carácter que ha mantenido la actual corporación municipal en el nuevo PGO aprobado en el Pleno del Ayuntamiento del pasado miércoles.
La pérdida del carácter urbanizable de los terrenos de Castiello supuso un desfase cercano a los 10 millones de euros para la promotora, según las cuentas de la empresa.
Las deudas que ha ido acumulando Promociones Moro son en su mayoría con Hacienda, la Seguridad Social y varias entidades financieras. Una de ellas, el Banco Sabadell-Herrero se hizo recientemente con una promoción completa de 50 viviendas de Promociones Moro en Montevil, al no haber podido hacer frente a la devolución del crédito que el banco le había concedido para adquirir la parcela.
Promociones Moro y su inmobiliaria, Playa de Gijón, fueron las primeras empresas del sector que presentaron reclamaciones patrimoniales contra el ayuntamiento en 2013 por la anulación del PGO. En aquella reclamación, Moro calculó en 20 millones de euros el daño ocasionado a sus inversiones en Castiello de Bernueces.
En nuevo PGO no sólo echa atrás el Plan de Castiello. También los de Granda y Porceyo y se cambia el plan de Cabueñes, planes que en su día se aprobaron con el rechazo de la zona rural, que convocó multitudinarias manifestaciones, las marchas verdes.
Promociones Moro no es la única constructora afectada. La patronal del sector, la Confederación Asturiana de la Construcción, aconsejó a finales del año pasado a sus asociados que opten por devolver las fincas a sus antiguos propietarios y reclamarles la devolución del dinero, alegando que la anulación del anterior PGO y la pérdida del carácter urbanizable del suelo cambian la condición en la que se pactó el contrato.
