Directivos de la UTE Dique Torres que esta semana han pasado por el juzgado central número 3 de la Audiencia Nacional que instruye el caso de los sobrecostes de El Musel, reconocieron a la jueza Carmen Lamela la celebración de una reunión en el ministerio de Fomento, a principios de 2006, en la que se decidió asumir los sobrecostes de la ampliación. La existencia de ese encuentro, en el que habrían participado el entonces secretario de Estado de Transporte, Fernando Palao, el presidente de Puertos del Estado, Mariano Navas, y responsables de Dique Torres, fue desvelado durante su declaración judicial por el exdirector de El Musel José Luis Díaz Rato, como publicó LA NUEVA ESPAÑA en junio del pasado año. Palao negó entonces al periódico haber estado presente en esa reunión.

La jueza levantó también el secreto de sumario sobre las actuaciones derivadas del programa "A ver la ballena", que ocasionó un registro exhaustivo de la policía judicial en dependencias portuarias el pasado mes. La UTE gastó casi un millón de euros en un programa cultural veraniego del Puerto y la jueza pidió encontrar las facturas. En su declaración de estos dos días, los directivos de Dique Torres negaron cualquier irregularidad en ese programa, que calificaron de "patrocinio de la empresa".

Los cuatro miembros del comité de gerencia de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dique Torres que comparecieron ayer ante la titular del juzgado central número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela Díaz, que instruye el caso por los sobrecostes de las obras de ampliación del puerto de El Musel, no se separaron ni un ápice del guión marcado por los directivos de la UTE que declararon el pasado miércoles.

Así, Maximino Gorostiza (Alvargonzález Contratas), Ana Isabel Dizy, Luis Sánchez del Río y Andrés Alonso Quintanilla, que como los otros doce miembros del comité de gerencia de la UTE se encuentran en calidad de investigados por el tribunal, volvieron a insistir en que prácticamente "desde el inicio de las obras" plantearon a la autoridad portuaria de Gijón la necesidad de hacer un modificado del proyecto, en su vertiente económica, por la dificultas de proveerse de materiales y el "mayor precio" que tendrían las ingentes cantidades de piedra necesarias para llevar a cabo las obras.

Esta postura que están manteniendo, tanto quienes comparecieron el miércoles como los que lo hicieron ayer, los directivos de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que llevó a cabo las obras, compuesta por las empresas Dragados (del grupo ACS), FCC, SATO, FPS y Alvargonzález Contratas, ya la marcó en su día quien fuera gerente de la UTE entre 2005 y 2009, Juan Miguel Pérez Rodríguez, cuando compareció ante el juez -por aquel entonces el titular del juzgado central número 3 de la Audiencia Nacional era Juan Pablo Velasco- en julio del pasado año. En aquella declaración, Pérez Rodríguez señaló que desde el mismo momento en el que se hizo cargo de la gerencia de la UTE en la primavera de 2005 advirtió al puerto de Gijón, presidido entonces por Fernando Menéndez Rexach y dirigido por José Luis Díaz Rato, también investigados en la causa, que habría un sobrecoste que al final se elevó por encima de los doscientos millones de euros.

Las declaraciones de los directivos de Dique Torres, un total de dieciséis, continuarán en la Audiencia Nacional los días 8 y 10 de marzo. Hay que recordar que los miembros del comité de gerencia de la UTE están declarando como investigados, la figura jurídica que antes de la modificación hecha por el Gobierno del PP se conocía como imputado.