El Grupo Municipal Popular, bajo el liderazgo de Mariano Marín, quiere que la Fundación Municipal de Servicios Sociales "preste asesoramiento" a las familias gijonesas a las que se está reclamando desde el ERA (Establecimientos Residenciales para Ancianos del Principado de Asturias) que hagan frente ahora a la deuda derivada de la estancia en un geriátrico público de un familiar ya fallecido.
Esta prestación municipal conforma el tercero de los tres puntos del acuerdo que el PP quiere alcanzar en el Pleno a través de una proposición registrada este miércoles. Hoy se celebra la Junta de Portavoces que debe fijar el orden del día de las sesiones plenarias de la semana que viene.
La iniciativa firmada por Mariano Marín parte de la exigencia al equipo de gobierno de Foro para que contacte con la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias en favor de recabar información sobre el número de familias gijonesas afectadas". Información que se trasladaría a todos los grupos municipales a través de la comisión de Bienestar Social. Entiende el PP que no serán pocos los gijoneses afectados si se tiene en cuenta que hay 4.000 familias en esta situación en toda Asturias "y muchas deudas se refieren a plazas disfrutadas en geriátricos hace más de ocho años".
Al tiempo, el PP plantea que el gobierno de Gijón inste a la consejería de Servicios y Derechos Sociales a, por un lado, facilitar información al Ayuntamiento sobre la dimensión del problema y a los afectados sobre sus derechos y garantías jurídicas y, por otro a "paralizar cualquier procedimiento de cobro hasta que se pueda ofrecer una alternativa para satisfacer los intereses de los afectados".
En la presentación oficial de esta iniciativa plenaria, Marín hizo suyo el argumentario de muchos de los afectados. "Dicen desconocer que sus familiares fallecidos estaban contrayendo una deuda por el uso de esas plazas y mucho menos que esa deuda era transmisible a sus herederos", explicó el edil popular que denuncia "quebranto económico para las familias, total descontrol en la gestión del ERA y falta de información y seguridad jurídica".
