Enagás, mostró ayer su confianza en que el Ministerio de Industria no le exija la devolución de las partidas que hasta ahora le ha abonado en compensación por la hibernación de la regasificadora de El Musel. La compañía ha dado ya los primeros pasos para intentar legalizar la planta, después de que el Tribunal Supremo anulara la autorización administrativa que le había concedido en su día el Ministerio, al vulnerar el Raminp, reglamento que posteriormente derogó el Principado.
Enagás estima que lo apuntado en un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 2015, en el que advertía que de cobrar firmeza la sentencia, la misma no cumpliría las condiciones legales para solicitar la puesta en servicio de la planta y por lo tanto no tendría derecho al cobro de los 13,5 millones con que compensó el gobierno a Enagás como retribución financiera por su inmovilizado entre 2013 y 2015, una retribución que cobraría Enagás hasta que la planta se pusiera en servicio.
El abogado de Equo, Juan Antonio Ballesteros, considera, en cambio que Enagás no sólo tendrá que devolver esa cantidad, si no una "retribución financiera por la inversión, de 75,9 millones de euros". Equo solicitará la demolición de la planta.
El Tribunal Supremo notificó al Abogado del Estado la sentencia el 1 de marzo y el 29 de marzo ordenó, mediante una diligencia la ejecución de la sentencia. El Estado tiene diez días para enviar al Supremo el acuse de recibo y dos meses para cumplir la sentencia o argumentar su oposición. La postura oficial del Ministerio de Industria sigue siendo que aún no les ha llegado el fallo.
