La exsecretaria del colectivo vecinal de Pumarín aceptó ayer una condena de dos años y tres meses de cárcel como presunta responsable de los delitos de apropiación indebida y estafa que le imputaba la Fiscalía. El ministerio público llegó a un acuerdo con la defensa de la procesada, a la que su asociación acusaba de llevarse 9.000 euros de la caja común. La mujer aceptó además el pago de una multa de 800 euros. Gracias al acuerdo, el magistrado encargado del caso apreció la reparación del daño (la exsecretaria ya devolvió el dinero) y aceptó reducir la pena inicial de tres años y tres meses de prisión a seis meses por el delito de apropiación indebida y de un año y nueve meses por el delito de estafa.
El tribunal también ofreció a la procesada la posibilidad de sustituir la multa por trabajos en beneficio de la comunidad, una posibilidad que la imputada rechazó durante la vista oral celebrada en el Juzgado de lo penal número 2.
La calificación fiscal de los hechos, que ahora ha aceptado la procesada, reflejaba que la mujer, "durante su mandato como secretaria se apoderó de 3.000 euros que había en la caja de caudales de la asociación" y agrega que "durante los años 2012 y 2013 libró, en distintas fechas, ocho cheques contra su cuenta corriente, por importe total de 6.000 euros, simulando en los mismos la firma de la presidenta". La acusación pública no tiene dudas en que "se apoderó para sí del dinero".
"Nosotros ya llegamos a un acuerdo con ella y precisamente era para evitar que fuera a la cárcel", recalcó antes de celebrarse el juicio el actual presidente de la Asociación de Vecinos "Severo Ochoa" de Pumarín.
