El Defensor del Pueblo asume la queja de una vecina contra el Ayuntamiento

La oficina estatal inicia actuaciones ante el silencio de casi un año de la Administración local al trámite de la denunciante

11.05.2016 | 03:37

La queja de una gijonesa ha llevado al Defensor del Pueblo a iniciar actuaciones ante el Ayuntamiento de Gijón para determinar la razón de que la autoridad municipal siga sin contestar a la petición formulada por esta vecina hace casi un año. La decisión del Defensor del Pueblo de admitir a trámite la queja de la gijonesa tiene que ver con el incumplimiento por parte del Ayuntamiento gobernado por Foro Asturias del artículo 42 de la ley 30/1992 de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. La actual responsable de la oficina del Defensor del Pueblo es la exministra Soledad Becerril.

Este artículo 42 impone a la administración la obligación de dictar una resolución expresa de cada procedimiento y notificarla, cualquiera que sea su fórmula, en el plazo máximo fijado por la norma reguladora correspondiente. El tope máximo suele estar entre los tres y los seis meses. La ley, además, hace a los titulares de las unidades administrativas "responsables directos" del cumplimiento correcto de esta tramitación. El objetivo básico es evitar que la inactividad de la administración genera un perjuicio para el ciudadano.

En el caso motivo de la denuncia, la afectada planteó en junio del año pasado una solicitud vinculada a una incompatibilidad laboral. La solicitud se reiteró en octubre ante la falta de una respuesta. Tampoco hubo contestación por lo que, ya en enero de 2016, la gijonesa solicitó acceso al expediente de su caso amparándose en su derecho legal.

El siguiente paso de la afectada fue presentar el pasado marzo una queja formal ante el Ayuntamiento de Gijón para, por un lado, exigir respuesta a sus requerimientos y, por otro, remarcar la irregularidad de esta actuación de la administración. Esa queja se complementó con una denuncia ante el Defensor del Pueblo pidiéndole que adoptara las medidas que considerara oportunas. En su calidad de adjunta segunda al Defensor del Pueblo, Concepció Ferrer i Casals firmó hace unos días una respuesta positiva a la demanda de la trabajadora gijonesa.

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