La defensa del exdirector de la Autoridad Portuaria de Gijón, José Luis Díaz Rato, ha calificado de "mero artificio y despropósito dialéctico" que las acusaciones hayan elevado hasta los 800 millones de euros la cuantía del supuesto fraude en la obra de ampliación de El Musel como argumento para pedir que el caso siga en la Audiencia Nacional.
La defensa de Díaz Rato, que sostiene que los juzgados competentes son los de instrucción de Gijón, cuestiona que se cifre el supuesto fraude en el presupuesto total de la obra de ampliación dado que la obra "existe" y se ha ejecutado. Además, la defensa agrega que los escritos de las acusaciones omiten que la obra se liquidó con un saldo negativo de 92 millones de euros, esto es, no se abonó a la UTE Dique Torres la totalidad de los sobrecostes aprobados, sino 92 millones menos. A raíz de eso, la UTE ha presentado un recurso contencioso-administrativo reclamando el pago de otros 349 millones de euros.
La juez que se encarga del Juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional se ha inhibido al considerar que el caso es competencia de los Juzgados de instrucción de Gijón, por no afectar gravemente a la economía nacional ni a más de una audiencia.
La defensa del exdirector portuario sostiene que ese criterio es correcto, haciendo una interpretación contraria a la que realizan las acusaciones sobre la jurisprudencia al respecto.
La petición de traslado del caso a los juzgados de Gijón se plantea de forma subsidiaria en el escrito en el que la defensa de Díaz Rato contesta a los recursos de reforma presentados por la acusación particular y la popular en el caso.
En el escrito la defensa vuelve a insistir en el sobreseimiento del caso o en la desimputación del exdirector de El Musel del que destaca su "ausencia de capacidad decisoria o de adopción de resoluciones en su etapa en la Autoridad Portuaria de Gijón tildadas de presuntamente irregulares".
Según la defensa, ejercida por el abogado Viliulfo Díaz, durante las diligencias practicadas hasta la fecha "no se ha apreciado ningún indicio nuevo de los genéricamente atribuidos al comienzo de la instrucción por el Ministerio Fiscal", sino más bien al contrario, señala.
La Audiencia Nacional ya desestimó con anterioridad la desimputación del exdirectivo portuario, señalando que hay pruebas pendientes aún de practicar por el juzgado. Para la defensa, lo que se derive de esas diligencias pendientes "en nada puede relacionarse con el ejemplar desempeño por mi patrocinado de sus obligaciones como director del Puerto de Gijón" y en el caso de que se dedujeran sospechas de presuntos crímenes en esas pruebas pendientes, las mismas apuntarían hacia otros investigados en la causa, vinculados a la UTE.
