Los monitores y socorristas de las piscinas municipales vuelven a estar en conflicto con el Ayuntamiento. Los trabajadores, por boca de su portavoz Cristina Martínez González, denuncian el incumplimiento por parte municipal de varias sentencias que le condenan como responsable subsidiario al pago de la salarios que la empresa Pazos, que hasta el año 2014 tuvo la concesión de este servicio, les dejó de pagar y que ascienden a algo más de 200.000 euros.
Pazos entró en concurso de acreedores el pasado año y en estos momentos ya no existe, por lo que según las sentencias emitidas por el Juzgado de lo Social, alrededor de una docena, es el Ayuntamiento quien debe hacerse cargo del pago de todas las cantidades pendientes.
Las primeras sentencias favorables a los trabajadores son de julio del 2015 y las últimas de enero de este año. Todavía quedan pendientes varias demandas y los trabajadores esperan que los fallos judiciales sean favorables como todos los anteriores.
Todas repiten el mismo argumento, condenando a la empresa Pazos al pago de las cantidades pendientes o en su lugar al Ayuntamiento, al ser quien otorga el servicio. Habitualmente el plazo concedido para el pago en este tipo de sentencias es de 90 días que ya ha sido superado en todos los casos.
Además del tiempo transcurrido el Ayuntamiento no ha abonado ninguno de estos salarios impagados en su momento. Según los trabajadores el Ayuntamiento no puede aducir falta de dinero ya que en el momento que se produjo el conflicto en el año 2014, que derivó en la posterior retirada de la concesión del servicio de monitores y socorristas a la empresa Pazos, el entonces concejal de Deportes Pedro Barbillo aseguró que el Patronato Deportivo Municipal iba a retener la fianza depositada por Pazos en el momento de hacerse con el servicio, así como los últimos tres pagos por parte del Ayuntamiento a esta empresa y de la multa impuesta por incumplimiento de las condiciones del servicio, por lo que debería tener dinero para cumplir con las sentencias.
