La magistrada del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha declarado "compleja" la causa abierta para investigar las supuestas irregularidades en torno a la obra de ampliación de El Musel. La declaración de complejidad supone que el plazo para realizar la instrucción judicial pasa de seis a dieciocho meses, prorrogables.
La jueza acoge la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción el pasado 18 de mayo. De no haber declarado la complejidad de la causa, la instrucción tendría que haber finalizado el lunes de la semana próxima, 6 de junio, momento en el que la magistrada tendría que haber optado entre el sobreseimiento o la apertura de juicio.
En un auto dictado el pasado 30 de mayo, la magistrada señala que "la complejidad del litigio viene determinada por la variedad de hechos punibles investigados, y la necesidad de examinar abundante documentación incorporada a las actuaciones".
Además de ampliar el plazo para culminar la instrucción, la declaración de complejidad de la causa podría influir en la decisión sobre si el caso sigue instruyéndose en la Audiencia Nacional o pasa a un juzgado de Gijón. La magistrada se inhibió, al considerar que los juzgados centrales no son competentes para investigar este caso, decisión que ha sido recurrida por el fiscal y otras acusaciones ante la Audiencia. Uno de los argumentos que se dieron a favor de que siguiera el caso en el juzgado madrileño eran los mayores medios de la Audiencia Nacional para la investigación de un asunto complejo.
El nuevo límite para concluir la instrucción se fija el 6 de junio de 2017, pudiendo el fiscal solicitar una prórroga diez días antes, si lo estima necesario.
El procedimiento judicial se inició a raíz de una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción, a partir del informe elaborado por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF). Anticorrupción instó a investigar seis supuestos delitos; prevaricación, fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil y fraude a la Hacienda Pública. Se investigan supuestas irregularidades en la contratación, ejecución de la obra y en el modificado del proyecto por los sobrecostes. Hasta el momento hay 22 imputados en la causa.
