Luis Ortiz es, desde hace poco más de un año, el magistrado responsable del Juzgado de lo penal número 2 de Gijón. Llegó para sustituir a Rosario Fernández Hevia, tras su marcha a Valencia. Sobre su mesa reposa actualmente, de hecho, el fraude de mina Camocha, uno de los casos que juzgó su compañera pero que ahora deberá volver a tramitarse después de que la Audiencia anulara el procedimiento acusando a la juez de "parcialidad". Ortiz rechaza hablar de este expediente o de cualquier otro que actualmente esté sobre su mesa de trabajo y en trámite pero, eso sí, como portavoz asturiano de la Asociación "Francisco de Vitoria", analiza el estado de la justicia en la región y sus necesidades.
-¿Cómo ha ido este primer año en el Juzgado?
-Los primeros Juzgados en los que estuve eran todos rurales y allí se veían casos de primera instancia e instrucción. Aquí llevo sólo asuntos penales castigados con pena de prisión de hasta cinco años. Estoy muy satisfecho con este primer año. Vivir en Gijón y poder trasladarme al trabajo andando es un lujo del que no todo el mundo puede disfrutar. Profesionalmente la especialización, que supone centrarse en una materia concreta, es un cambio muy importante y facilita la labor diaria.
-Su asociación emitió un comunicado hace pocos días defendiendo a la juez de violencia de género, cuya actuación han puesto en tela de juicio varias asociaciones feministas de la ciudad. ¿En qué punto se encuentra ese procedimiento?
-Cuando nosotros emitimos el comunicado a ella no le constaba que se hubiera presentado queja alguna contra su trabajo en el Consejo General del Poder Judicial. A pesar de todo las asociaciones feministas habían anunciado que lo iban a hacer y teníamos que defender a nuestra compañera. Desconozco cuál es la situación actual.
-En todo caso, ¿es sintomático de que los jueces a día de hoy están más presionados de lo que estuvieron?
-A nivel personal no percibo presión. Es cierto que al menos en los últimos años ha aumentado mucho el tratamiento mediático de la violencia de género. Eso es indiscutible y es algo con lo que los jueces tenemos que lidiar, pero no sé si mi compañera se siente presionada.
-¿Cuál cree que es la imagen de la justicia actualmente en España?
-La imagen de la justicia en España ha cambiado mucho en los últimos años como consecuencia de la crisis económica. Muchos ciudadanos se han dado cuenta de lo importante que puede llegar a ser que la administración de justicia funcione bien, tanto para el que tiene una deuda y necesita cobrarla como para el que piensa que es necesario que se enjuicie un caso de corrupción. Y eso, por poner sólo dos ejemplos. La crisis ha tenido una proyección sobre la ciudadanía. La cuestión prejudicial que planteó el compañero de Barcelona sobre el derecho hipotecario -que acabó uvo una enorme repercusión mediática e incluso propició un cambio legislativo. El ciudadano común no era consciente hasta entonces de que los jueces podemos hacer muchas cosas. Hemos construido una imagen que antes no había. Las personas de mi generación no habíamos vivido algo como esta crisis económica. Muchos se vieron con el agua al cuello y vieron que necesitaban a alguien que garantizara que las cosas se hicieran bien. Y ahí estábamos los jueces, con un papel fundamental. La crisis ha puesto de relieve una vez más la importancia que tiene que se dote a la justicia de medios materiales y humanos que permitan afrontar de forma digna las demandas sociales.
-No obstante, los casos de corrupción han puesto en entredicho a la administración de justicia. Por ejemplo ustedes pidieron el fin de los aforamientos.
-Hay que diferenciar lo que depende de nosotros y lo que no. No siempre desde una órbita mediática se tiene claro que nosotros, los jueces, nos limitamos a actuar con las leyes que se nos dan. Mi asociación podrá tener una opinión u otra sobre los aforados, pero si tengo que juzgar a alguien al que se protege dentro de esa figura tengo que mandar el caso al Tribunal Supremo, poco más puedo hacer. Nosotros estamos a lo que se nos diga. La ciudadanía ha tenido la sensación en los últimos años de que han ocurrido cosas que hasta hace poco parecían impensables en el campo de la justicia. No hace falta decir nombres, porque todo el mundo sabe de qué hablamos.
-Vamos, la Infanta... ¿No hay justicia de primera y de segunda?
-Cuando recibimos un asunto en modo alguno estamos condicionados por los nombres que vienen en el expediente. Cada uno hace lo que en justicia considera necesario sin presiones. Otra cosa es qué tipo de asuntos llegan a los Juzgados. Hace años parecía imposible que ciertos casos llegaran a tramitarse. Pero hay muchos pasos antes de que lleguen los expedientes a nuestra mesa. Nosotros nos limitamos a juzgar lo que nos comunican. No les damos diferente tratamiento según su proyección mediática.
-¿Hay politización en la justicia con temas como el nombramiento de los responsables del Consejo General del Poder Judicial o del Supremo? ¿Hay que cambiar algo?
-Mi asociación defiende que la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que han de ser jueces o magistrados, nos corresponde a nosotros, a los jueces, y eso actualmente no ocurre, se hace a través del Parlamento. No tengo ningún reparo en decir que los jueces que somos normales, que trabajamos en Juzgados de toda España, no estamos politizados más allá de que cada uno en su esfera privada tenga su propia opinión. Los ciudadanos no han de tener ninguna duda de que no ha existido nunca ninguna injerencia política en mi trabajo. Si recibiera presiones lo pondría en conocimiento de quien correspondiera. El 95 por ciento de los jueces españoles hemos sacado nuestra oposición, estamos en un Juzgado de base y trabajamos lo mejor que sabemos y podemos. La cuestión es que quienes eligen determinados cargos en instituciones como el Supremo lo hacen con el filtro del Parlamento. Al final, los políticos participan en muchas decisiones y eso tiene el riesgo de que esos cargos sean correas de transmisión de los partidos. Un riesgo que no se correría si los jueces eligieran directamente a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Eso, además, daría una imagen de democratización de la justicia. Cuando los miembros del Consejo nombran un cargo se produce un efecto pernicioso porque la ciudadanía sabe que esos miembros del Consejo han sido elegidos por políticos. El problema es que no existe un sistema de meritocracia que garantice que las personas que acceden a cargos tienen un determinado currículum.
-Siempre se habla también de la "politización" de las asociaciones judiciales, ¿eso es así?
-En la Asociación "Francisco de Vitoria" no tenemos adscripción política alguna sin perjuicio, insisto, de que cada uno tenga su opinión en la esfera privada. Yo siempre invito a la gente a que venga a nuestras asambleas. En estas reuniones cualquiera puede levantar la mano y decir lo que considera oportuno, sin comisarios ni interventores. La asociación trata de dar los puestos según los méritos y la capacidad.
-Las Juntas de Jueces son órganos democráticos...
-Son un ejemplo de cómo la democratización de la justicia podría traer efectos muy positivos. Efectivamente aquí en Gijón tenemos un juez Decano que es el que nos representa a todos y el que resuelve los conflictos que pudieran surgir entre nosotros. Esos decanos son elegidos democráticamente en la Junta de Jueces de cada ciudad. En este sentido el Decano era siempre elegido por su eficacia en la gestión, nunca por su filiación. En Madrid eligieron al mismo durante más de 10 años. Su gestión era buena y sus compañeros le respaldaron. Los partidos políticos llevan en sus programas cambios para democratizar la justicia pero de momento no se han cumplido.
-Se habla mucho del programa Lexnet y de la eliminación del papel en los Juzgados...
-El programa Lexnet ha permitido a los procuradores presentar escritos a través de internet. El escrito llega al Decanato y éste nos lo rebota al Juzgado penal. Pero yo en mi ordenador no tengo ningún programa que me permita trabajar con ese documento en digital, por lo que todas las mañanas el funcionario tiene que imprimir los escritos. Hemos empezado la casa por el tejado. Hemos obligado a los profesionales a hacer una importantísima inversión económica con una infraestructuras judiciales que no están preparadas para asumir esas circunstancias. Se presentan escritos por internet cuando el expediente digital es una mera quimera. Seguimos trabajando en papel y nos hemos convertido en los grandes "impresores" del Estado porque hemos incrementado el gasto en papel.
