El Principado tendrá que indemnizar al propietario de una ganadería de leche y carne, como llevador en precario o mediante arrendamiento de 16,28 hectáreas en varias fincas que fueron expropiadas para la urbanización por Sogepsa del Polígono Industrial de Lloreda. El Principado rechazó inicialmente reconocer al ganadero su condición de interesado en el expediente expropiatorio, dado que no disponía de ningún contrato de arrendamiento al ser todos los acuerdos de palabra, como es frecuente en el agro asturiano.
Al llevador de las fincas no le quedó otro remedio que acudir a los juzgados. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), dictada el 20 diciembre de 2012 le dio parcialmente la razón, anulando la resolución de la Consejería de Infraestructuras y Ordenación del Territorio de 2010 en la que no le reconocían su condición de interesado. Los magistrados argumentan su decisión en base a la Ley de Expropiación Forzosa y a jurisprudencia que se remonta a 1957, que sanciona el derecho a ser indemnizado por los usuarios de un bien aunque lo disfruten en precario. El anuncio de indemnización le llega ahora, tras la decisión adoptada por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (Cuota) del pasado 24 de junio.
El ganadero se vio abocado a pleitear a pesar de que los propietarios de las fincas ya advirtieron, en el acta de ocupación y pago de las mismas, de que estaban siendo llevadas por el ganadero desde hacía 23 años. El TSJA rechazó fijar una indemnización, ante la petición de 91.628,26 euros que reclamó el ganadero, que vio reducida drásticamente su explotación y separadas las cuadras de los escasos pastos que le quedaron.
En cumplimiento de la sentencia, el Principado remitió el 25 de febrero de 2015 al ganadero las hojas de aprecio redactadas por Sogepsa, en las que calculaban una indemnización de 7.210,78 euros. Por su parte el ganadero aportó informes periciales que elevaban esa cuantía hasta los 82.373,41 euros.
Al final el Principado decidió, tras solicitar otro informe pericial, fijar en 7.839,10 euros la indemnización. La cantidad es inferior a los gastos en profesionales en que ha tenido que incurrir el ganadero en estos años de litigio. El afectado valora ahora la posibilidad de recurrir la decisión de la Cuota.
Uno de los argumentos de la Cuota para no acceder a la cuantía que reclama el ganadero es que el Principado rechaza que sea imputable al expediente de expropiación la pérdida de 16,28 hectáreas de pastos, como él dice. La Administración considera que dispone de terrenos semejantes a los expropiados que puede arrendar. Los terrenos que ha encontrado para arrendar están en Villaviciosa y Porceyo, desperdigando su ganadería, que también se ha visto mermada.
