La Fiscalía del Tribunal de Cuentas insiste en la investigación de la contabilidad del grupo municipal del PP de la anterior Corporación del Ayuntamiento tras la denuncia recibida que apunta a un presunto desvío de fondos municipales que debían ir destinados a gastos de funcionamiento de los concejales populares pero que éstos presuntamente usaron, según la misma, para otros fines. Al órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público no le han convencido del todo las contestaciones aportadas por los exconcejales del PP y exige nuevas justificaciones sobre algunos destinos del aporte municipal de 4.732,76 euros al mes que recibía el grupo de cinco concejales para gastos de funcionamiento.
El nuevo requerimiento del Tribunal de Cuentas fue enviado al Ayuntamiento de Gijón y es conocido por Alcaldía y la Intervención. Desde el Consistorio se notificó el mismo a lo largo de las últimas semanas a los ocho exconcejales del PP de la anterior corporación (2011-2015) afectados: Pilar Fernández Pardo, Eduardo Junquera y Pablo Fernández (que dejaron sus actas de edil en marzo de 2013), Manuel Pecharromán y Maite Menéndez (que aguantaron todo el mandato), y Francisco Rodríguez Cubiella, Gabriel Díaz y Raquel Vega (que fueron concejales desde marzo de 2013 a junio de 2015).
Según fuentes conocedoras de la investigación que se está llevando a cabo a raíz de la denuncia contra los exconcejales del PP, el Tribunal de Cuentas plantea dudas al menos en dos conceptos después de haber recibido las justificaciones enviadas por los exediles señalados. Por ello, les exige más explicaciones respecto a los mismos.
Por un lado, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas no da por justificadas facturas de gastos en restaurantes. Y, por otro, también exige más explicaciones en lo relativo al supuesto uso del dinero público para amortizar un préstamo de 43.846,56 euros utilizado para financiar la campaña de las elecciones de 2011. Según la denuncia, el grupo municipal del PP estuvo devolviendo dicho préstamo con pagos mensuales de 913,47 euros durante cuatro años con cargo al aporte municipal para funcionamiento del grupo. Además, piden a los ocho exconcejales que detallen las "funciones y responsabilidades" que desempeñaban en el grupo del PP. El objetivo del Tribunal de Cuentas es dirimir si hubo o no desvío de fondos públicos y, en caso afirmativo, decidir si alguno de los exediles señalados debe responder con su patrimonio.
