03 de noviembre de 2016
03.11.2016
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HC niega la versión de El Musel de que una obra impedía sacar piedra de Aboño

Masaveu asegura a la jueza que no estaba al tanto de acuerdos de Tudela Veguín para la ampliación portuaria

06.11.2016 | 16:31

Manuel Menéndez, presidente de EDP España y de Hidrocantábrico (HC), y Fernando Masaveu, presidente del Grupo Masaveu del que forma parte Tudela Veguín, declararon ayer como testigos en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional en el "Caso Musel". Junto a ellos lo hicieron Marcos Antuña Egocheaga, que ocupaba el cargo de director de Proyectos e Inversiones de HC en tiempos de la ampliación del Puerto, y Julio Peláez González, director general de Tudela Veguín.

Según fuentes presentes en las declaraciones, que se prolongaron durante 6 horas, Manuel Menéndez y Marcos Antuña declararon que la construcción de la planta desulfuradora para la térmica de Aboño no suponía un problema para la explotación de la cantera de Aboño, lo que contradice la versión que se dio en su día desde el Puerto para justificar los sobrecostes de la obra de ampliación, que atribuyeron a los problemas para explotar dicha cantera a la vez que se construía la desulfuradora.

Los directivos de HC indicaron que la obra de la desulfuradora no se veía afectada por la explotación de la cantera más allá de una parte de la zona de los barracones de la empresa Cobra -una de las que construía la desulfuradora- y que podían entorpecer levemente algún trabajo, pero que llegando a un acuerdo con la UTE que llevaba a cabo las obras de la desulfuradora no habría problemas. A estas contingencias menores se habrían unido las dificultades para la obtención de los permisos pertinentes y los que pudiera presentar la familia Suárez-Villar, propietarios de una parte de la cantera de Aboño, aneja a la perteneciente a HC. En febrero de 2007 la cantera de HC se explotó sin que estos problemas fueran un obstáculo infranqueable, agregaron.

En declaraciones previas como investigados del expresidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach y del exdirector del Puerto, José Luis Díaz Rato, éstos sostuvieron que esta cantera no se podía explotar y que Dique Torres, UTE encargada de la ampliación portuaria, debía buscar los materiales para la obra en otros lugares. Al final, estos materiales llegaron en su gran mayoría de los terrenos que Tudela Veguín tiene en el Alto Aboño y Perlora. También se recurrió a canteras comerciales más alejadas de la obra, con el incremento de precios en base al que se justificó un modificado del proyecto por 250 millones de euros.

Fernando Masaveu afirmó ante la jueza que no conocía nada del día a día de Tudela Veguín porque su labor se centra sobre todo en lo institucional y, según las mismas fuentes, afirmó que, "sólo estoy pendiente de la cuenta de resultados y de las operaciones importantes". Del mismo modo, Masaveu habría declarado su desconocimiento sobre la localización concreta de la cantera de La Hoya (Perlora) y del precio de la tonelada de cemento suministrada a Dique Torres.

Julio Peláez, director de Tudela Veguín, declaró que los acuerdos con Dique Torres contemplaban sólo los costes de las voladuras y las gestiones administrativas que tuvo que realizar Tudela Veguín, por 7,7 millones de euros. Sin embargo, el gerente de Dique Torres declaró hace unos meses ante el juez que la UTE pagó con trabajos en especie a Tudela Veguín, que cifró en 80 millones de euros: la limpieza de los desechos de las canteras de Alto Aboño y Perlora, la construcción de una balsa de decantación en Perlora, el asfaltado de una carretera desde Perlora al Alto Aboño más el hormigonado de las cunetas, o el traslado de los materiales sobrantes a vertederos autorizados, entre otros.

La Asociación de Vecinos del Alto Aboño, que ejerce la acusación particular, sostiene que Tudela Veguín ofreció en septiembre de 2004 los derechos de explotación de sus canteras en Perlora y Alto Aboño exclusivamente a la UTE Dique Torres, una de las varias empresas que optaban a hacerse con las obras, antes de que se le adjudicasen finalmente la ampliación de El Musel. Este acuerdo uniría de forma inseparable la venta de piedra a la de cemento procedentes de Tudela Veguín a Dique Torres y la primera debería ser indemnizada por la segunda si ésta incumplía la condición de comprarle los dos materiales en las condiciones acordadas. Finalmente, el precio del cemento suministrado por Tudela Veguín se situó muy por encima de los precios del mercado -algo que niega la cementera- pero Dique Torres tuvo que afrontarlo al estar unido a la piedra.

El acuerdo permitiría a Tudela Veguín llevar a cabo otras obras en el Alto Aboño al ampararse en la declaración de utilidad pública de la obras de El Musel y así pudo llevar a cabo la explanación de unos 20.000 m2 anejos a su planta de Alto Aboño, la reubicación de varias líneas de alta tensión, la construcción de un nuevo depósito de agua, el traspaso de la propiedad de varios caminos públicos hasta entonces y la titularidad de unos terrenos de SATO en el Alto Aboño.

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