En la investigación abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional en torno a la ampliación de El Musel se investiga seis supuestos delitos; fraude a la Hacienda Pública, exacciones ilegales, malversación de fondos públicos, estafa agravada, falsedad documental y prevaricación, además de un supuesto cohecho en una pieza separada.
Se investiga si hubo irregularidades en la adjudicación a Dique Torres y en la aprobación de los sobrecostes, si hubo fraude de subvenciones a la UE, si se ejecutó toda la obra contratada, si la UTE falseó los precios de los materiales o inflo sus gastos, si fue irregular la expropiación del Alto de Aboño por el Puerto y si hubo pagos en especie de Dique Torres a Tudela Veguín por el uso de sus canteras. Hasta la fecha han sido citadas a declarar como investigadas 25 personas, entre directivos empresariales, de la administración y de una asociación.
La tesis que sostiene Anticorrupción es que las supuestas irregularidades comenzaron antes de la licitación de la obra, mientras las defensas defienden la regularidad de las actuaciones, entre otras cosas atribuyendo los sobrecostes a imprevistos que impidieron explotar a tiempo la cantera de Aboño y la de Perecil, las dos inicialmente previstas para obtener los materiales.
La obra, licitada y adjudicada en 499 millones en 2005 (sin IVA), acabó costando 708,7 por sobrecostes y actualización de precios. Su plazo de ejecución se prolongó 22 meses y se entregó el 11 de enero de 2011. Dique Torres ha interpuesto un contencioso reclamando otros 350 millones adicionales.
