18 de noviembre de 2016
18.11.2016
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España afronta una multa de 46,5 millones por incumplir el saneamiento de Gijón y otras ciudades

La Comisión Europea lleva al Gobierno español ante el Tribunal de Luxemburgo por desatender la normativa comunitaria

18.11.2016 | 15:54
Vista desde el Piles de la depuradora de aguas residuales de la zona oeste de Gijón.

Incumplir la normativa europea en materia de saneamiento y tratamiento de aguas residuales, como ha ocurrido en Gijón a raíz de la paralización por orden judicial de la estación depuradora de la zona este de la ciudad, le va a costar al Gobierno español una multa multimillonaria impuesta por Bruselas. La Comisión Europea decidió ayer llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de las normas en materia de recogida y tratamiento de aguas residuales en 17 puntos urbanos del país pese a existir una sentencia anterior que le obligaba a resolver ese problema. La Comisión defenderá que se imponga a España una sanción de al menos 46,5 millones de euros.

"La falta de un nivel adecuado de recogida y tratamiento de las aguas residuales plantea riesgos significativos para la salud humana, las aguas interiores y el entorno marino", advirtieron ayer fuentes del Ejecutivo comunitario al anunciar una decisión que hace meses que se temía y que acaba de oficializarse.

Según el criterio comunitario, son las autoridades autonómicas las que deben garantizar que las aguas residuales urbanas sean "debidamente recogidas y tratadas", lo que según la Comisión Europea sigue sin ocurrir en 17 ciudades o núcleos urbanizados en Andalucía, Asturias, Galicia, Valencia y Canarias, lo que plantea "riesgos graves", según Europa, "para 1.400.000 personas" en España.

Bruselas ya llevó en el pasado a España ante el tribunal con sede en Luxemburgo por esta situación, lo que dio pie a una sentencia de 2011 que falló en contra de las autoridades españolas y apuntó deficiencias en 37 puntos urbanos, pese a que el plazo para aplicar la normativa expiró en diciembre de 2000. Según la Comisión, hay 17 problemas graves de saneamiento que siguen sin resolverse, entre ellos el de la depuradora del Este, en Gijón.

"Cinco años más tarde, la cuestión sigue sin tener solución en 17 de esos lugares", ha criticado el Ejecutivo comunitario, que propone una sanción a tanto alzado de 46,5 millones de euros, más una multa diaria de 171.217 euros si se mantienen el incumplimiento.

Gijón se encuentra, por la paralización "sine die" de la depuradora de El Pisón, en ese grupo de ciudades señaladas por Europa, junto con Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja, Barbate, Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira, Vigo, Benicarló, Peñíscola, Teulada-Moreira, Valle Guerra noreste y Valle de Güímar, estas dos ultimas en Canarias.

El Tribunal Supremo confirmó en febrero de este año la sentencia judicial de junio de 2014 que anulaba el anteproyecto y estudio de impacto ambiental que avalaba la ubicación en El Pisón de la depuradora de la cuenca Este de la ciudad. Las obras -que se encontraban en su fase final- continuaron, lo que llevó a los vecinos de la zona, que llevaban años pleiteando contra la instalación, a exigir ante los juzgados la paralización definitiva de los trabajos. La Audiencia Nacional dio la razón a los afectados y ordenó parar unas obras que habían costado 36 millones de euros. El acuerdo fue recurrido por la Abogacía del Estado y desestimado definitivamente el pasado mes de julio.

En un pleito judicial que ha durado siete años, los distintos tribunales han ido respaldando la versión de los vecinos contrarios a una instalación prácticamente a las puertas de sus casas. El Supremo reconoció que la declaración de impacto ambiental de la depuradora "carece de motivación suficiente" y que, como ya habían señalado los jueces anteriores, las otras tres ubicaciones propuestas en el proyecto, -Peñarrubia, La Cagonera y El Rinconín- podían ser mejores que la de El Pisón.

Los vecinos que ganaron la batalla judicial son partidarios de la demolición de la planta.

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