24 de noviembre de 2016

Desestimada la demanda contra el jefe de la Guardia Civil de Gijón

La Audiencia no ve irregularidades en las obras del cuartel de Cangas de Onís y acusa a los demandantes de actuar con malicia

24.11.2016 | 03:50
Francisco Javier Puerta.

La Audiencia Provincial de Asturias acaba de dar carpetazo a la demanda que en su día interpuso la Asociación Profesional Unión de Guardias Civiles contra el Teniente Coronel Francisco Javier Puerta, el máximo responsable de la Comandancia de Gijón, al que acusaban de haber cometido irregularidades a la hora de autorizar obras de reforma en el cuartel de Cangas de Onís. Los querellantes aseguraron ante el juzgado que Francisco Javier Puerta había favorecido a una empresa determinada firmando el certificado de fin de obra antes incluso de que comenzaran los trabajos de reparación.

Los magistrados de la sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, hacen suyos los argumentos expuestos en su día por el juzgado de primera instancia -que también absolvió al Teniente Coronel-, y añaden que los documentos con los que se autorizaron los trabajos no sólo estaban firmados por el máximo responsable de la Comandancia gijonesa sino que fueron "otras dos personas" las que propusieron la empresa encargada de las obras.

"No hay indicio alguno ni atisbo de lo que maliciosamente se insinúa en la querella al decir que desde que el querellado asumió las responsabilidad del mando las obras las vienen ejecutando siempre las dos mismas empresas", insiste la Audiencia. Los querellantes insinuaron queque con el proceso judicial abierto trataban de evitar "que vuelva a ocurrir algo parecido a lo que sucedió hace años con el tristemente recordado Luis Roldán". Esa "malicia" que el juez atribuye a la asociación "unida a la falta de legitimación" de la demanda lleva a la Audiencia a imponer las costas del procedimiento a los apelantes. El tribunal dice no comprender, de hecho, "que perjuicio pueden haber causado los documentos aportados en la demanda a la Administración o a la Guardia Civil". Para los jueces la asociación querellante debería de haberse personado en el procedimiento en todo caso, como acusación particular al no haber sido perjudicada directamente por la actuación del demandado.

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