La gestión de la política social se ha convertido en el unánime reproche de toda la izquierda municipal al gobierno de Foro pero, al mismo tiempo, en el último campo de la batalla interna entre los grupos que conforman esa izquierda. Los mismos grupos -PSOE, Xixón Sí Puede e IU- que no han encontrado un espacio de encuentro para convertir su mayoría en el Pleno de Gijón en una alternativa al gobierno forista de Carmen Moriyón.
El epicentro de la discordia actual está en la renta social como base de un plan de emergencia que defienden Xixón Sí Puede e Izquierda Unida y al que pone más que peros el PSOE. Y como base, al tiempo, de una posible aprobación de los presupuestos generales del año que viene para el Ayuntamiento. XSP e IU han dejado claro a Foro que un compromiso con la puesta en marcha en 2017 de la renta social municipal con una partida de casi ocho millones de euros abriría la opción de retirar el no de sus ediles al proyecto económico de Carmen Moriyón evitando un segundo año consecutivo de prórroga.
La mayor bronca está entre la marca local de Podemos y el Grupo Socialista. Estefanía Puente, edil de Xixón Sí Puede, cargaba ayer con dureza contra el PSOE acusándoles de "renegar en Gijón de una renta social que apoyaron en La Coruña o Baleares", tildándoles de "incoherentes" y advirtiendo que "sus ideas en materia social están caducas y se limitan a dar palos de ciego".
La propuesta de Xixón Sí Puede para la renta social se plantea en dos líneas de trabajo, está abierta a beneficiarios de otras prestaciones como el salario social básico, no exige contraprestaciones y busca garantizar unos ingresos mínimos de 532 euros mensuales que se corresponden con el Iprem actual, que se eleva según el número de miembros de la unidad familiar.
Desde el PSOE, que exige una mayor definición de esa renta municipal, se recuerda que la propuesta gijonesa tiene muchas divergencias con el proyecto de La Coruña. Allí se excluye a quienes son beneficiarios de la renta de inclusión social de Galicia (risga), se imponen una serie de justificaciones y se vincula a un itinerario de inclusión activa. Y también resaltan la divergente realidad entre las menos de mil personas en la localidad gallega que tienen la renta autonómica y las cerca de 5.000 familias beneficiarias en Gijón del salario social del Principado.
El edil José Ramón García fue el encargado de reivindicar la propuesta socialista de ingreso mínimo vital para demostrar "que no tenemos ningún problema con las políticas de renta pero dejando claro que "la falta de ingresos es sólo uno de los muchos factores que provocan exclusión y, por tanto, no se va a erradicar única y exclusivamente dotando a las personas de ayudas económicas". En el contexto de enfrentamiento con Xixón Sí Puede, García ironizó sobre la posibilidad de que la renta social sea para XSP, "la disculpa para dar de paso un presupuesto y seguir sustentando el gobierno de Carmen Moriyón y Cascos en Gijón".
El PSOE a través de sus enmiendas a los presupuestos reivindica 2,5 millones para un plan de atención personalizada a personas en situación de dificultad social y 1,2 millones para ayudas de emergencia. A ello habría que sumar 300.000 euros para un programa de intervención comunitaria en la calle y 200.000 para un programa de apoyo a las familias en el ámbito escolar.
"Proponer planes personalizados para quien únicamente tiene un problema económico es saturar aún más los servicios sociales y deja ver un afán excesivo de control y paternalismo", reprocha la edil de Xixón Sí Puede. Para Puente el "plan de emergencia social. Renta social municipal" -nombre oficial del proyecto que comparten con Izquierda Unida- "garantiza derechos en vez de seguir mareando la perdiz".
