La UTE Dique Torres ha aportado a la Audiencia Nacional un informe pericial que encargó a PricewaterhouseCoopers, para contraponer al elaborado por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) que dio pie a la apertura de la investigación penal por supuestas irregularidades en la adjudicación, ejecución y aprobación de los sobrecostes en la obra de ampliación de El Musel. El informe pericial señala entre otras cosas que Dique Torres incurrió en unos costes de 76,78 millones de euros en la extracción y suministro de los materiales de las canteras de Tudela Veguín; La Hoya y Peñamaría y no en 7,7 de coste del material al que se refirió la OLAF.
La OLAF había señalado que Dique Torres negoció con el Puerto un modificado del contrato de 250 millones de euros, fundamentalmente por el encarecimiento de la piedra, cuando ya se había asegurado gran parte de la necesaria de las canteras de Tudela Veguín sin contraprestación económica directa a cambio, haciéndose cargo sólo de los 7,7 millones de euros de costes de perforación y voladuras.
El exgerente de Dique Torres, Juan Miguel Pérez Rodríguez, uno de los investigados en la causa, apuntó en su declaración ante el juez que el coste real fue de unos 80 millones de euros por los trabajos realizados en ambas canteras, de los que se habría beneficiado la cementera, al eliminar todos los rellenos que había acumulados en la cantera de Perecil, realizando el asfaltado de pistas, la construcción de un depósito de agua nuevo para la cementera y nuevos tendidos eléctricos en Peña María.
El informe realizado por Pricewaterhouse en base a la documentación que le facilitó Dique Torres concreta y desglosa esos costes apuntados por el exgerente. Los cifra exactamente en 76,79 millones de euros, incluyendo en esa cifra costes de explotación y acondicionamiento de las canteras y otros "asociados al suministro de materiales".
De esa cantidad, 15,97 millones son los costes que el perito reseña como asociados al suministro de materiales (construcción y mantenimiento de una planta de machaqueo por 8,42 millones y transporte de acopios por 7,55 millones), mientras que "los costes en los que ha incurrido UTE Dique Torres para la realización de los trabajos de acondicionamiento y explotación de los terrenos de Tudela Veguín ascendieron a 60.811.805 euros", una cifra en la que el perito incluye 46,36 millones de euros de "carga y transporte del material a las instalaciones del Puerto", junto a los 7,7 millones referidos a perforación y voladuras y otros 6,74 millones de "trabajos realizados en las instalaciones de las canteras de Tudela Veguín".
El informe pericial sostiene que Dique Torres perdió dinero con la explotación de las canteras de Tudela Veguín, dado que la Autoridad Portuaria le abonó 50,50 millones de euros por los suministros y puesta en obra de los materiales de esas canteras (12,73 millones sólo por los materiales).
El perito de Pricewaterhouse concluye que "el margen que ha obtenido UTE Dique Torres por la extracción del material de las canteras de Tudela Veguín es negativo por un importe que oscilaría entre 26 y 64 millones de euros", siendo la primera cantidad la diferencia entre los 76,79 millones entre los costes de las canteras y los asociados respecto a los 50,50 millones pagados por el Puerto por el suministro y puesta en obra. La segunda cantidad resulta de la diferencia entre los 76,79 millones citados y los 12,73 pagados sólo por los suministros (sin contar el pago por el Puerto en concepto de transporte que sí contabiliza el perito en los costes incurridos).
Pricewaterhouse insiste en que la UTE "asumió una serie de costes" para la explotación de las canteras y "para acondicionar los terrenos de Tudela Veguín".
El informe pericial hace especial hincapié en que el precio abonado por la Autoridad Portuaria por los materiales de las canteras de Tudela Veguín fue el originalmente aprobado en el contrato, sin incluir ningún tipo de sobrecostes para el Puerto. El informe de Ángel Muñoz Martín también sostiene que UTE Dique Torres perdió dinero con el material para la obra de ampliación, a pesar de que se modificó el proyecto para elevar el precio de la piedra, su extracción y colocación en obra procedente de otras canteras.
Según el perito de la defensa, los costes en los que incurrió Dique Torres fueron 27,04 millones de euros superiores que lo que cobraron del Puerto: 185,99 millones de euros de coste frente a los 158,94 millones abonados por la Autoridad Portuaria, según ese informe.
Para llegar a esa conclusión, el perito incluye entre los costes no sólo el de adquisición de la piedra, su carga y transporte, sino también 46,90 millones de euros de "costes de preparación, tratamiento y clasificación del material, así como los correspondientes a los movimientos internos desde los acopios ubicados en el interior del Puerto" hasta la puesta en obra.
Estos movimientos internos del material no estaban sujetos a pesaje en las cláusulas técnicas del contrato, según señala el informe en otro de sus apartados en el que cuestiona las alusiones de la OLAF a supuestas irregularidades en los pesajes de los camiones.
El examen de los sistemas de control implantados en la obra por Dique Torres, con estudio de la supervisión y control realizados a los transportes, conforman gran parte del análisis del informe pericial de Forensics Services (departamento de PricewaterhouseCoopers), junto a lo relativo a las canteras de Tudela Veguín y la adquisición de materiales pétreos.
El informe de Pricewaterhouse también defiende, en contra de lo que afirma la OLAF, que no existió conflicto de intereses en cuanto al uso de la cantera de Aboño para la obra, uno de cuyos propietarios era Sato, empresa integrada en la propia UTE Dique Torres. El informe pericial señala al respecto que Sato cobró al mismo precio que HC el metro cúbico de piedra, a 1,65 euros y no una retribución superior.
Las conclusiones del informe pericial también sostienen que la formalización del contrato tripartito entre Dique Torres, la Autoridad Portuaria e Hidrocantábrico era necesario para cumplir la oferta de las constructoras, en contra de lo que cuestiona la OLAF. Pricewaterhouse señala que antes de la firma de ese contrato, el 31 de julio de 2006, las toneladas de piedra que la UTE preveía extraer de las canteras de Tudela Veguín ascendían a 11,72 millones de toneladas, que eran el 40,3% de la piedra necesaria y que tras firmarse en acuerdo tripartito entre las canteras de Peña María, La Hoya y Aboño se preveía extraer 16.858.250 toneladas, el 64,8% de las previstas en la oferta.
En cuanto a los controles de los camiones, cuestiona la metodología empleada por la OLAF, extrapolando a todos los transportes las supuestas irregularidades que detectó en una pequeña parte, irregularidades que además no son tales. El informe pericial atribuye a errores de la OLAF y a su desconocimiento de la realidad de la obra que hubiera considerado que se duplicaban pesadas de camiones falseando los tiques, cuando, señala el documento de Pricewaterhouse, lo que se producía eran pesadas coincidentes en tonelaje en un mismo camión en viajes realizados a distintas horas del día.
La UTE ha solicitado a la magistrada que instruye el caso, Carmen Lamela, que cite al perito que ha elaborado este informe para que lo ratifique. El informe, de 95 páginas sin contar los anexos, está fechado el pasado 16 de diciembre y fue remitido por Dique Torres a la Audiencia Nacional el pasado día 23.
