A 31 de diciembre de 2016 la Fundación Municipal de Servicios Sociales, entidad que preside la edil forista Eva Illán, cerró ejercicio con un nivel de ejecución de su presupuesto del 78,71%. O lo que es lo mismo, dejó sin ejecutar el 21,29% de sus dineros. En euros contantes y sonantes son 4.184.920 euros que no salieron de los cajones de la Fundación, según el informe facilitado ayer a los grupos de la oposición. La cifra es el resultado de restar al presupuesto total -que alcanzó los 19.654.060,87 euros tras varias modificaciones sobre la cifra inicial de 16.852.400 euros- la partida de 15.469.140,06 euros que conforma la fase de pago correspondiente a obligaciones reconocidas. Aunque la ejecución se analiza sobre esa fase, el computo tampoco mejoraría sustancialmente si el porcentaje se fijara sobre la fase de gasto autorizado, que quedó en 16,8 millones. Aquí el "ahorro" alcanzaría los 2,7 millones.
Aunque el mantra de los inconvenientes de una situación de prórroga presupuestaria es la justificación que utiliza el gobierno forista al analizar cualquier incidencia en las cuentas de 2016, lo cierto es que dejar dinero sin gastar es algo habitual en la Fundación Municipal de Servicios Sociales año tras año. Y un motivo constante de bronca con la oposición municipal que nunca ha votado en contra de cualquier ajuste presupuestario que supusiese incrementar las partidas de acción social. La queja de la oposición está en que la incapacidad del gobierno de Foro para conseguir ejecutar esas millonarias partidas económicas convierte todo ese esfuerzo en papel mojado. Y más en un periodo de máxima necesidad de las familias a las que la crisis ha dejado en la cuneta.
De hecho, este informe de ejecución llega al tiempo que gobierno y oposición debaten la fórmula para poner en marcha el nuevo plan de emergencia social o renta municipal, una novedosa iniciativa que quiere movilizar ocho millones de euros de la Fundación Municipal de Servicios Sociales en este 2017. La Fundación tiene para este año un presupuesto de partida de 19.545.200 euros. Muy similar al de 2016 que no consiguió sacar adelante.
Esos niveles de ejecución que no llegan al 80% de lo presupuesto se dejan sentir en algunas de las partidas de mayor cuantía económica e incidencia entre la ciudadanía. Por ejemplo, de los casi 4 millones de euros para el servicio de ayuda a domicilio sólo se concretaron tres millones: uno se quedó sin gastar. Y en el caso de la teleasistencia, el punto de partida eran 750.000 euros y las obligaciones reconocidas se quedaron en 474.000 euros. También han quedado unos 300.000 euros sin gastar de los 1,5 millones de ayudas económicas del plan del programa de inclusión y cerca de 1,2 millones de los 1,6 millones de ayudas vinculadas al plan de choque, sobre todo las ayudas energéticas.
Al otro lado de la balanza están las becas comedor donde se ha sobrepasado la partida inicial de 1.430.000 euros. Al final se gastaron 1.575.168 euros en ayudar a cerca de 2.500 escolares.
Este dinero sin gastar del último ejercicio irá aumentando el nivel de remanente acumulado de la Fundación que pasa de presupuesto a presupuesto. Aún sin datos oficiales hay quien calcula que la suma final de remanente alcanzará los siete millones.
