Una cartera de 5.000 clientes potenciales, un cálculo de 20.000 facturas a emitir en ocho meses de campaña, la organización de un equipo de trabajo de seis personas, el alquiler de una plataforma telemática, un coste económico global que ronda los 100.000 euros y la estimación de que unos 300 comercios de la ciudad se vincularán al proyecto. Estos son los grandes números del operativo comercial que se engarza en el pionero proyecto de renta social municipal de Gijón, que se última desde Servicios Sociales con un presupuesto de partida de casi ocho millones de euros. Y del que ayer se habló en una reunión más entre todos los grupos de la Corporación. La última de esta prenegociación si, como se espera, se convoca en unos días la junta rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales para dar luz verde a las bases de la convocatoria.

Si no hay tropiezos de última hora, los comerciantes de Gijón estarían operativos en mayo. La relación entre el comercio local y la renta social municipal -impulsada a través de una iniciativa de la Unión de Comerciantes-viene dada por la existencia en el proyecto de una línea de ayudas finalistas para la compra de productos y el pago de servicios. Esta línea está pensada para quienes tienen ingresos de otras administraciones públicas, fundamentalmente para los perceptores del salario social. De ahí que la estimación del número de beneficiarios de esa línea se concrete en unas cinco mil personas, que son las que ahora mismo reciben esta ayuda del Principado. Tanto en las ayudas finalistas, como en las ayudas económicas mensuales de la otra línea del proyecto, el Ayuntamiento se hace cargo de la diferencia entre los ingresos de la unidad de convivencia y los mínimos para vivir que se fijan en el programa de renta social: desde 665 a 1.125 euros dependiendo del número de personas de la familia y la cantidad de menores de 14 años al cargo.

En el caso de las ayudas a las compras todo se gestionará a través de una plataforma informática que evitará que haya intercambio físico de dinero y garantiza la protección de datos. El beneficiario de la ayuda se identificará ante el comerciante con su tarjeta ciudadana y las compras se justificarán con un sistema de códigos: un código por compra. Las facturas se remiten directamente a la Fundación de Servicios Sociales, que será quien pague. El comerciante, que firmará un código ético, sólo sabrá si la persona cuenta con saldo suficiente para hacer la compra.

Aunque la idea fue de la Unión de Comerciantes, y será con ellos con quien firme el Ayuntamiento un convenio de colaboración, el proceso está abierto a cualquier comercio que tenga un establecimiento abierto en Gijón. En este ámbito de actuación se plantea generar un equipo de trabajo de seis personas: dos comerciales que contacten con los comercios, una persona de atención a las familias, otras dos personas en venta telefónica y un controlador. Este equipo nada tiene que ver con el de otras seis personas que el Ayuntamiento pondrá a gestionar estas ayudas desde la Agencia Local de Empleo de El Coto.

Ana Castaño, edil de IU, urgía ayer a Foro a poner en marcha el calendario de ejecución de esta iniciativa. Más sabiendo que los comerciantes ya tienen su parte muy avanzada. "Si este gobierno no es capaz de hacerlo es que este gobierno no vale", sentenció. José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, fue muy crítico con los costes, que consideran si hubiera ahorrado de haberse apostado por mejorar las ayudas de emergencia ya existentes.