Sendos informes de los responsables de la Asesoría Jurídica y de la Dirección General de Servicios del Ayuntamiento, presentados ayer a los grupos políticos en la comisión especial que estudia la viabilidad de la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio, alertan del riesgo que este movimiento tendría para la continuidad en el empleo de las actuales trabajadoras. Así lo explicaba a la salida de la reunión la concejala socialista Marina Pineda. "Se nos ha indicado que la subrogación obligaría o bien a convocar las plazas en libre concurrencia o bien, si se hace por creación de una empresa pública, a extinguir directamente los contratos", indicó la edil.

Ahora mismo el servicio de ayuda a domicilio está contratado desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales a las empresas Eulen y Azvase. El contrato acaba en octubre pero mucho antes el Ayuntamiento debe decidir si hace otra licitación o el servicio vuelve al Ayuntamiento como pidió Xixón Sí Puede en el Pleno de octubre del año pasado en una iniciativa que apoyó Foro y que fue recibida entre aplausos por varias trabajadoras que estaban en el público. PP y Ciudadanos votaron en contra y PSOE e IU optaron por la abstención ante sus dudas sobre la legalidad del procedimiento y su repercusión en el trabajo. Lo que ahora evidencian los dos informes de los altos cargos del gobierno forista es la dificultad para que estas trabajadoras -más de 200 según los cálculos del PSOE- puedan beneficiarse de ese cambio de gestión del servicio.

Para el responsable de la Asesoría Jurídica "la incorporación de estos trabajadores a la plantilla del Ayuntamiento se realizaría en una clara vulneración de los principios de mérito, capacidad y publicidad que han de presidir el acceso al empleo público, lo que condiciona la situación legal en que estos empleados públicos quedarían en el Ayuntamiento". Por su parte, en el informe del director general de Servicios se habla de que "en el supuesto de integración, pasarían a ser trabajadores indefinidos no fijos porque no pueden consolidar una condición de fijeza en las administraciones sin superar los procedimientos reglados de selección en virtud de los principios constitucionales de mérito y capacidad".

Pineda ha solicitado una ampliación de los informes a los responsables de ambos departamentos tras recordar que "siguen sin aclarar las posibilidades que tienen las trabajadoras que carecen de titulación de integrarse en la administración".