A raíz de las dos últimas reformas del Código Penal, especialmente la de 2015, las personas jurídicas son directamente responsables desde el punto de vista penal por las acciones de sus administradores, personal directivo e incluso trabajadores si la empresa no cuenta con un programa de cumplimiento normativo específico. Esto es lo que se llama programa "Compliance", que en otros países europeos es una regulación extendida y consolidada, casi una exigencia legal desde los últimos quince años en Europa. La abogada Ana Gloria Rodríguez, de "MYR Abogados", imparte mañana una charla al respecto en el hotel Tryp Rey Pelayo, a las 19.30 horas.
-¿Qué es el programa "Compliance"?
-Es el conjunto de normas y protocolos que debe regir en una empresa para prevenir la posible comisión de ilícitos y, en su caso, detectar y sancionar las posibles conductas ilegítimas para lograr que la empresa quede exenta de responsabilidad en el caso de que la infracción se produzca.
-¿En qué consiste?
-En un protocolo de prevención y control que deben implantar las empresas para evitar ser responsables directamente en el caso de infracción. Este programa de "Compliance" trata de identificar cuál es la actividad de riesgo de la empresa y establecer un protocolo de actuación especifico e interno donde se dé respuesta o previsión para las posibles conductas de riesgos.
-¿En qué casos hay riesgo?
-Principalmente en cuestiones económicas y fiscales y protección de datos, temas de intimidad. Una vez aplicado, luego, si sus trabajadores o sus directivos no cumplen ese programa, la empresa no es responsable porque puso todos los medios a su alcance.
-¿Ha habido sentencias?
-Dos en el Supremo. Este Tribunal exige que se audite y se incorpore de forma eficaz a las empresas. Debe haber un canal de denuncias, que los propios trabajadores puedan denunciar o informar anónimamente sobre un riesgo que detecten y un procedimiento de sanción interna.
-¿Qué implica?
-Se necesita una implicación de la empresa. Hacemos un seguimiento en el tiempo, depende de la actividad de la empresa, su organigrama o el procedimiento de toma de decisiones. Incorporar esos protocolos de forma que no supongan una carga.
-¿Da igual el tamaño de la empresa?
-Afecta a pymes de dos trabajadores y a multinacionales. La diversidad es tan amplia como el mercado empresarial español, solo que el programa se adapta en función de su tamaño o área de actuación.
-¿Por qué el cambio?
-En Europa ya se venía haciendo y España era de los pocos países donde la persona jurídica no podía delinquir. Desde el punto de vista legal nos equipararemos al mercado legal europeo. Tiene que ver con la corrupción, es una manera de luchar contra la corrupción, no sólo en las grandes transacciones de la administración y los partidos políticos, sino en pequeña y media empresa, pequeñas operaciones que suponen infracciones que a la larga tienen una repercusión en la sociedad. Es introducir un criterio de ética en las relaciones empresariales.
-¿Qué les pasa a las empresas si no lo aplican?
-Las empresas ahora se pueden enfrentar a penas directas para ellos. Multas, clausura de establecimientos, inhabilitación para actuar durante semanas o meses, prohibición de acceso a determinadas ayudas o subvenciones públicas, intervención judicial de la administración o su disolución pero para casos ya más graves. Pero hay más inseguridad por el desconocimiento de la norma.
