18 de junio de 2017
18.06.2017
La reconstrucción de la coquería de la multinacional siderúrgica en la factoría de Veriña

A Arcelor le bastará con reformar sus viejas baterías, pese a la oposición vecinal

El Principado rechaza imponer una nueva coquería al entender que es mejor rehabilitar las instalaciones existentes | El colector de aguas al que debe verter la planta, acabado en 2012, no ha entrado en servicio al incumplir la nueva legislación

18.06.2017 | 12:01
Minipala con la que limpiaba las baterías de coque el trabajador intoxicado, que volcaba los residuos químicos a los contenedores ubicados a la derecha.

La Consejería de Medio Ambiente del Principado ha rechazado las alegaciones formuladas por la Plataforma Contra la Contaminación, las federaciones vecinales y grupos ecologistas que pedían que se obligara a Arcelor a incluir la alternativa de construir unas baterías de coque totalmente nuevas en Gijón, dentro del estudio de impacto ambiental para retomar la producción de coque en la factoría de Gijón. Arcelor va a hacerlo reconstruyendo las viejas baterías y sólo planteó como alternativas reconstruir las de Avilés o no hacer nada. El informe técnico de la Consejería de Medio Ambiente sobre las alegaciones, incluido en la Declaración de Impacto Ambiental, considera que la reconstrucción de las baterías es preferible a la construcción de unas nuevas debido a que requieren una obra menor, y a que una vez en funcionamiento tendrán las mismas emisiones las viejas baterías con una "reforma integral" que otras hechas desde cero.

"Dado que las instalaciones en cualquier caso estarían en el mismo sitio y con la misma capacidad, y por lo tanto no presentan diferencias en aspectos como la afección al paisaje, tráficos generados o puntos donde se generan las emisiones, lo que importa es que los efectos ambientales sean los mismos, aspecto que deriva de la efectiva implantación de las mejores técnicas disponibles y del cumplimiento de las condiciones que se establezcan en la Autorización Ambiental Integrada", señala el informe del Principado en el que se añade que "si el mantenimiento, revisión o reforma de unas estructuras o sistemas, produce el mismo resultado que la nueva construcción, no cabe imponer en base a criterios ambientales la demolición total -con mayor generación de residuos- y una nueva construcción de toda la instalación".

El análisis técnico realizado por el Principado señala que de las tres alternativas planteadas por Arcelor, "la alternativa cero es claramente la peor desde el punto de vista ambiental y económico" dado que significa mantener la actividad "en los parámetros actuales". Avala, además el análisis de Arcelor que considera preferible la reforma de las de Gijón a las de Avilés y destaca que la reconstrucción de las baterías gijonesas lleva aparejada la clausura de las de Avilés "lo que supondrá la eliminación de este foco de emisión en este concejo, con la consiguiente mejora ambiental local".

Por otra parte, la Declaración de Impacto Ambiental impone condiciones a Arcelor, especialmente estrictas en las medidas para impedir vertidos contaminantes a los ríos Pinzales y Aboño, a los que ahora van sus aguas residuales. La resolución de la Consejería señala que "el reinicio de la actividad de la coquería de ArcelorMittal en Gijón no se podrá producir hasta la entrada en servicio del Colector Interceptor General del río Aboño" al que se tendrán que incorporar las aguas residuales de la factoría siderúrgica.

Ese colector aún no está operativo. El Principado acabó de construirlo en 2012, pero aún no ha podido entrar en servicio debido a un cambio en la legislación que se produjo aquel mismo año: El colector se construyó con aliviaderos ante niveles elevados de caudal y eso está ahora prohibido por ley, lo que obliga a hacer obras complementarias para adecuar el colector a la legislación vigente.

Arcelor no podrá echar sin más las aguas a ese colector, sino que estará obligada a depurarlas previamente. El Principado no sólo tendrá que acabar la obra para adecuar el colector a la normativa antes de autorizar la reapertura de las baterías, sino que también tendrá que modificar la Autorización Ambiental Integrada de la siderúrgica para establecer las condiciones sobre las aguas.

Algunas de esas condiciones ya se avanzan en la resolución, que Arcelor recibió a principios de esta semana: La empresa tendrá que anular su actual sistema de recogida de aguas pluviales, cegando los puntos de recogida y vertido. En su lugar, se impone a la siderúrgica la construcción de una nueva red de recogida de aguas de lluvia, almacenándolas en un tanque de 3.000 metros cúbicos para su utilización en el proceso productivo. Sólo se permitirán vertidos al arroyo Pinzales cuando se produzca rebose por aguacero extraordinario o lluvias persistentes.

El único vertido de la coquería que se podrá hacer de manera habitual a los ríos "será el de las aguas de escorrentías de zonas no contaminadas", que además se someterán a controles analíticos trimestrales para garantizar que son inocuas. Las condiciones que deberá tener el agua para el vertido a los ríos las establecerá la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Este organismo fue uno de los que informaron sobre el proyecto de la siderúrgica, advirtiendo de que los terrenos en los que se van a levantar las baterías tienen riesgo de sufrir inundaciones. Esto último obligó a Arcelor a presentar el 4 de mayo, una vez concluido el periodo de información pública y consultas del Estudio de Impacto Ambiental, una documentación complementaria con un informe sobre las zonas de peligrosidad ante posibles inundaciones. De todo esto deriva que entre las obligaciones ambientales impuestas por el Principado al proyecto de las baterías se incluya construir muros de protección o bordillos de resguardo para evitar el arrastre de contaminación por el agua en avenidas extraordinarias.

En cuanto a las emisiones a la atmósfera, Arcelor deberá cumplir los límites que se impongan en la Autorización Ambiental Integrada "considerando los efectos acumulativos de otras instalaciones" de la factoría; deberá aplicar las mejores técnicas disponibles establecidas en la directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y deberá facilitar datos sobre el volumen y características de las emisiones de cada foco contaminante.

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