El juez de Instrucción responsable del caso decretó el ingreso en prisión de cinco de los ocho detenidos, aquellos que tenían antecedentes por delitos contra la salud pública. Los tres restantes quedaron en libertad provisional, entre ellos la pareja sentimental del cabecilla de la red y dueño de los negocios, que según las pesquisas policiales, era plenamente conocedora de la actividad ilícita partícipe en la misma. En lo relativo a los dos locales hosteleros, la Policía solicitó el cierre de los mismo, un requerimiento aceptado por el juez que ordenó su inmediata clausura.
