El presidente de Hidroeléctrica del Cantábrico (HC), Manuel Menéndez, tendrá que volver a declarar como testigo en el "caso Musel" después de que la magistrada Carmen Lamela haya aceptado la petición del abogado Viliulfo Díaz, defensor del exdirector de la Autoridad Portuaria de Gijón, José Luis Díaz Rato, uno de los investigados por el supuesto fraude en la licitación, adjudicación, ejecución y sobrecostes de la obra de ampliación.
El caso está en el juzgado central de instrucción número tres de la Audiencia Nacional y se abrió después de que la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) emitiera un informe sobre las supuestas irregularidades en la obra portuaria, recomendando a la Comisión Europea revocar los 247,5 millones de euros de Fondos de Cohesión que habían concedido para la obra.
La tesis de la fiscalía Anticorrupción es que hubo una supuesta connivencia entra cargos públicos y directivos empresariales para la supuesta entrega indebida de fondos públicos a la UTE Dique Torres, que ejecutó la obra. El fiscal sostiene que el Puerto y la UTE sabían de antemano que no iban a poder explotar la cantera de Aboño (lo que exigía el permiso de HC) como figuraba en la oferta ganadora, sino que se iban a utilizar las canteras de Tudela Veguín. El motivo es que ya se había publicado en el BOE la licitación por EdP (a la que pertenece HC) de las obras para construir desulfuradoras en varias de sus térmicas, entre ellas la de Aboño, colindante con la cantera del mismo nombre.
Menéndez y otro exdirectivo de la compañía eléctrica ya habían declarado ante la jueza. El motivo por el que ahora volverán a citarlo es por que la defensa de Díaz Rato sostiene que HC habría bloqueado la explotación de la cantera de Aboño como método de presión para desbloquear las autorizaciones administrativas para construir sendos ciclos combinados (centrales de gas) en Soto de Ribera.
Según la defensa del exdirector del Puerto, el uso de la cantera no se autorizó hasta que el Principado y el Ayuntamiento de Ribera de Arriba dieron vía libre a los ciclos combinados. Además, la defensa afirma que existieron irregularidades tanto en la construcción de ambos ciclos combinados como en la de la desulfuradora de la térmica de Aboño. En este último caso se construyó, según Viliulfo Díaz, sin las preceptivas licencias y autorización ambiental, algo que de haberse hecho habría posibilitado el uso de la cantera durante la tramitación.
La magistrada, al igual que el Ministerio Fiscal, han considerado pertinente la nueva declaración Manuel Menéndez por cuanto a través de la misma la defensa intentará "desvirtuar las afirmaciones realizadas y pruebas aportadas por las acusaciones en el sentido de que la Autoridad Portuaria conocía inicialmente las intenciones de HC de proceder a la construcción de una desulfuradora que impediría el aprovechamiento de la Cantera de Aboño", según el auto dictado por la magistrada el 25 de julio.
La fecha para la declaración de Menéndez se fijará cuando el Ayuntamiento de Ribera de Arriba y el Principado hayan remitido al juzgado los expedientes administrativos sobre los ciclos combinados de Soto de Ribera. La fiscalía consideró pertinente estas pruebas para evitar que Díaz Rato alegue indefensión en un posible juicio.
La jueza ha rechazado citar a cinco antiguos miembros del Consejo de Administración de El Musel, como también solicita la defensa de Díaz Rato: Los exconsejeros de infraestructuras Francisco González Buendía y Belén Fernández, el exdirector general autonómico Antonio Suárez Marcos, la exalcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso y el exalcalde de Carreño (imputado en la causa), Ángel Riego. La decisión de la magistrada ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional por la defensa, así como la negativa a interrogar a las peritas de la IGAE que elaboraron un informe sobre el expediente administrativo de la obra de ampliación.
La obra de ampliación de El Musel se adjudicó en 2005 a la UTE Dique Torres (Dragados, Drace, FCC, Sato y Alvargonzález Contratas) en el precio de licitación, que fue de 499,35 millones de euros. En 2007 se aprobó una modificación del proyecto incrementando los precios de las unidades de obra y el plazo de ejecución en 22 meses. Finalmente, la obra se liquidó en 2012 en 708,7 millones de euros y Dique Torres reclama en los tribunales de lo contencioso otros 350 millones adicionales. La investigación cuenta ya con más de una veintena de imputados.
