Después de "un año laborioso" en el Palacio de Justicia de Gijón, Rosa María Álvarez García, titular de la Jefatura de Fiscalía del área de Gijón, una ciudad segura donde la mayoría de delitos guardan relación con la violencia de género y la seguridad vial. Ahora, afronta un nuevo curso judicial rodeada de un equipo humano que la hace sentirse "orgullosa".
-¿Qué balance hace del año judicial en el área?
-Laborioso. Hay que tener en cuenta que casi el 40% del trabajo de la Fiscalía de Asturias, en la que se destinan 50 fiscales, deriva del Área de Gijón. Además, la tercera parte de la población de Asturias reside aquí.
-¿Cuánto personal tienen?
-Somos una plantilla muy, muy ajustada, por no decir escasa. Hay 14 Fiscales y 9 funcionarios, y atendemos 29 órganos jurisdiccionales, que en breve serán 30: cinco juzgados de instrucción, un juzgado de Violencia de Género, tres juzgados de lo Penal, dos Secciones de la Audiencia Provincial (civil y penal), un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, cuatro Juzgados de lo Social, 11 Juzgados civiles, que en breve serán 12, de los cuales dos son exclusivos de Familia, el Juzgado mixto de Villaviciosa y, por último, un Juzgado Mercantil, con competencia territorial extendida a Avilés. Con todo esto estamos casi desbordados.
-¿Qué perfil tienen?
-Hay Fiscales especialistas en la mayoría de las materias, si bien al ser una plantilla pequeña, se combina el despacho de delitos comunes con las materias especiales, que son: Violencia de Género, Siniestralidad Vial y Laboral, Medio Ambiente y Urbanismo, Drogas, Civil y Discapacidades, Familia, Extranjería, Criminalidad Informática, Defensa de Víctimas, cuya Delegada provincial tiene su destino en esta Fiscalía de Gijón y Cooperación Internacional, de la que yo soy Delegada. De lo que me siento más orgullosa es del equipo humano, Fiscales y funcionarios. Gracias a su dedicación logramos que este servicio funcione, tal como demandan los ciudadanos, a quienes nos debemos.
-¿Y lo negativo?
-Cada vez hay más trabajo y para hacerlo bien y ofrecer un servicio de calidad, como pretendemos, se precisa un aumento de plantillas, que espero sea realidad para el próximo año. Hay materias en las que el trabajo está aumentando considerablemente y me refiero a las no penales, en las que el Ministerio Fiscal (MF) también interviene como concursos de acreedores, familia, discapacidades y tutelas, por ejemplo. El volumen de estas últimas ha aumentado muchísimo, dada la población tan envejecida que reside en el área. Todo eso, para llevarlo bien, supone mucho esfuerzo.
-¿Qué retos tienen?
-A nivel particular de Fiscalía de Área, seguir trabajando cada vez mejor, con los medios que tenemos, y que no falte el ánimo. Personalmente mi reto es no acomodarme, estudiar, estar muy al día, que a veces se hace un poco cuesta arriba cuando llevas años en el mismo negocio, como es mi caso.
-¿Y en un plano general?
-Las nuevas tecnologías nos obligan a reciclarnos continuamente. Las pretensiones de futuro del Ministerio de Justicia son bastante ambiciosas: el objetivo es el expediente digital y el papel 0. Ya se están ensayando proyectos piloto en Juzgados, y en algunas Fiscalías, pero en éstas el sistema va más atrasado. Partiendo de una dificultad añadida: unos y otras trabajan con aplicaciones diferentes, los Juzgados con "Minerva" y Fiscalía con "Fortuny", las cuales hay que conectar con seguridad a través de Lexnet, y según los expertos no es tan sencillo. En las Fiscalías este objetivo papel 0 se pretende iniciar por las materias Contenciosa y Social, así que parece que en el ámbito penal aún tardará. Todo lo que sean avances me parece fantástico, pero que el avance sea real y que implique agilizar la labor del día a día. Si la aplicación supone ralentizar el trabajo, no me sirve.
-Continúe.
-El gran reto es asumir la instrucción de los procedimientos penales, porque precisamente en toda Europa y en el mundo se podría decir, el Fiscal es el encargado de la investigación y el juez instructor es una figura obsoleta e incluso desconocida. En ese sentido se está estudiando la Reforma de la Ley Procesal. Me parece buena idea, y se impone adaptarse al régimen generalizado, pero para que sea eficaz hay que disponer de presupuesto. Este cambio radical no puede abordarse a coste 0. Se necesitan más Fiscales y sobrarían Jueces de Instrucción, además habría que introducir importantes modificaciones legales, empezando por el EOMF, estableciendo medidas que permitan agilizar la administración de Justicia.
-¿Por ejemplo?
-Lo primero, otorgar al Fiscal el principio de oportunidad, que consiste en la facultad de archivar de plano asuntos que ya se ve que son una nimiedad, y no trabajar en balde. Segundo, confiar la disponibilidad de la acción penal al perjudicado, al menos en los delitos menos graves, y si el perjudicado desiste, el asunto se archiva. En nuestro sistema, si hay prueba, hay que acusar por mor del Principio de Legalidad, aunque el perjudicado haya renunciado a sus acciones. Tercero, dar mayor credibilidad a la investigación de la Policía, que en mi opinión funciona muy bien, y está infrautilizada e infravalorada, hay reticencias hacia ella, o recelos trasnochados y obsoletos. Tenemos un sistema procesal penal en exceso garantista, en el que las partes y testigos en una causa, declaran tres veces, ante la policía, ante el Juez y en el juicio, que es lo que vale en definitiva. Habría que optimizar recursos, como en toda Europa, donde el Fiscal instruye dando órdenes a la Policía que efectúa la investigación y con el atestado y poco más es suficiente para realizar la acusación e ir al juicio, en el que la mayoría de las ocasiones, dando por válida la primera declaración ante la Policía y con letrado, no se realizan más interrogatorios.
-¿Algo más?
-La materia de Faltas o ahora Delitos Leves, debería ser competencia de la Policía, imponiendo en su caso sanciones administrativas. En cuanto a las faltas, la última reforma de la LECrim ha sido limitadísima, dejando pasar la oportunidad de sacarlas del Código y convertirlas en infracciones administrativas. Se han hecho pequeños retoques, pero ahí siguen casi todas convertidas en delitos leves, atascando los Juzgados. Habría que ir a una Justicia penal ágil y rápida, que es lo que la actual sociedad demanda.
-Desde el suceso en Fomento, el de Germán Fernández, se ha generado una alarma ciudadana. ¿Hay un aumento de casos de violencia entre adolescentes?
-Los menores de 18 años son de la competencia de la Fiscalía de Menores, por lo que son asuntos que nosotros no vemos. Lamentablemente el aumento de la violencia se percibe no sólo entre adolescentes, sino en la sociedad en general, cada vez más crispada. En términos generales se han perdido los valores, el principio de autoridad está denostado, parece que es hasta "políticamente incorrecto", impera la cultura del egoísmo y del "todo vale". En la sociedad se palpa tensión y agresividad, amén de los extremismos ideológicos.
-De los cinco detenidos por estos hechos sólo tres permanecen en prisión. ¿La movilización social supuso una presión para no dejarles en libertad?
-La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal de aplicación muy restrictiva, sólo en los restringidos supuestos previstos en la LECrim. Así, cuando concurre riesgo de fuga o posibilidad de que el detenido cometa nuevos delitos, o destruya pruebas. Siempre que el MF interesa la prisión preventiva es porque concurren los requisitos legales y la medida es probadamente procedente y necesaria para preservar a la sociedad de un individuo peligroso. Lo único que mueve al Fiscal en sus actuaciones es la defensa de la Ley, de la sociedad y las víctimas del delito. Ese "clamor social" al que usted se refiere no le influye, insisto, si no concurren las circunstancias que la ley exige. Si tres de los cinco supuestos agresores están en prisión preventiva es debido a que para ellos concurren los supuestos legales y la prueba es aplastante, y para los otros dos no tanto. Pero el MF es sólo una parte en el proceso penal. La otra parte es la defensa, que lógicamente suele interesar la libertad de su cliente. Pero en definitiva quien decide es el Juez de Instrucción.
-¿Agilizarán los trámites para juzgar a los responsables?
-Claro que sí. Las causas con preso siempre son de tramitación preferente. No obstante, la última reforma de nuestro procedimiento procesal penal establece un plazo de Instrucción de seis meses, prorrogable en casos tasados, por lo que ahora la investigación de los procesos va más rápida.
-¿Será así en este caso?
-En las causas por delito de lesiones, como es éste, hay que esperar a la sanidad de la víctima, o al menos a que haya un diagnóstico definitivo sobre sus lesiones y secuelas, imprescindible para calificar el delito y para determinar la cuantía de la indemnización a la que sería acreedor. Por lo que yo sé, la víctima ingresó en el hospital en situación de extrema gravedad. Afortunadamente se está recuperando, pero aún es pronto para conocer el desenlace final del daño neurológico sufrido, así como las secuelas a medio-largo plazo, cuestiones que corresponde determinar a los médicos que lo tratan y al forense, por lo que de momento hay que esperar.
-¿Es partidaria del endurecimiento de penas a menores?
-En relación con los mayores de 18 años, las penas son bastante duras y ajustadas, sin llegar a extremos. Estamos en la línea de la UE. En cuanto a los menores, creo que su Ley reguladora de la responsabilidad penal es demasiado blanda y proteccionista. Los menores de entre 16 y 18 años deberían estar sujetos a una legislación más rígida. Actualmente, y aparejada a la información y la libertad de que disponen, debería exigírseles una mayor responsabilidad por sus actos. Incluso respecto de los menores de 14 años, que son irresponsables, yo sería partidaria de rebajar la edad a 12, pues en esa franja entre 12 y 14 años hay verdaderos energúmenos y, sobre todo, acosadores a otros menores, e incluso sabiendo que su conducta no tiene consecuencias, no encuentran freno. Por eso estimo que habría que ponerles un correctivo disuasorio.
-¿Gijón es ciudad segura?
-Definitivamente sí y esto se ve y se palpa en la calle, se puede salir en general tranquilamente a cualquier hora. Los residentes y los visitantes lo pueden percibir. Me remito a las cifras sobre criminalidad derivadas de las estadísticas del Cuerpo Nacional de Policía respecto del pasado año 2016. Los estudios arrojan un resultado de 24,3 infracciones anuales por cada 1.000 habitantes, lo que está casi en la mitad de la media nacional, que constata una cifra de cerca de 47. Vigo, por ejemplo, tiene 28 por 1.000.
-Las asociaciones de víctimas de agresiones sexuales y maltrato perciben un repunte de casos en adolescentes.
- Si se refiere a víctimas adolescentes, quizás sí que se constata ese repunte. Habría que distinguir entre los ataques que se producen en la calle, es decir, fuera de casa. Los chavales salen cada vez más jóvenes, se mueven en ambientes de pandillas, a veces con algo de alcohol de por medio, lo que propicia que se vean involucrados en trifulcas que derivan en todo este tipo de agresiones, a veces entre menores entre sí, y otras atacados por adultos. La calle es dura y por su seguridad hay que enseñar a los chicos a cuidarse y a procurar no meterse en jaleos. Esto es fundamentalmente tarea de la familia, se aprende en casa. Hay un aumento de denuncias relativas a agresiones a menores, de tipo sexual y físico, dentro del ámbito doméstico, en general por parte de adultos que forman parte del círculo familiar. El abuso sexual a cualquiera es grave, pero a un menor aún más.
-¿Y malos tratos a menores?
-Afortunadamente la mayoría revisten muy poca entidad. Veo que la vida familiar está muy judicializada, y se está magnificando el maltrato doméstico. Me explico: un empujón, un cachete a un menor, no pueden ser un delito, con las consecuencias de punibilidad que ello comporta, pena de cárcel y de alejamiento, así como la generación de un antecedente penal. Ese tipo de agresiones a familiares que no causan lesión o, en su caso solo primera asistencia, en mi opinión también deberían encuadrarse en el ámbito de los delitos leves. Los malos tratos claro que existen y son terribles, pero son otra cosa, que intrínsecamente entrañan mayor gravedad.
-Prosiga.
-El Código Civil establecía atávicamente el derecho moderado de corrección de los padres respecto de los hijos, que incluía "el cachete" correctivo puntual, pero actualmente, ese precepto se ha derogado. No defiendo pegar a los críos, pero de ahí a que un cachete sea delito menos grave, hay un trecho. En consecuencia, el padre que incurre en tal práctica, no habitual sino solo puntual, puede llegar a ser condenado como maltratador con penas de prisión y alejamiento, debiendo abandonar el domicilio familiar, lo que es muy fuerte.
-¿Hay que hacer pedagogía?
-Por supuesto que sí. La Justicia entra en acción a posteriori por lo que no desarrolla una actuación preventiva ni profiláctica. La pedagogía y la educación sí lo son, y es imprescindible poner coto a la violencia y la agresividad que se respira en el ambiente. Hay que educar a la gente en valores desde que nace, en la escuela y principalmente en la familia. En relación con los jóvenes, no me gusta lo que veo, y soy consciente de que la culpa es de los padres, de mi generación.
-¿Qué falla?
-Estamos dando a nuestros hijos una educación demasiado blanda, entre algodones, procurándoles caprichos, a los que se creen con absoluto derecho, y cuando no consiguen lo que quieren, derivan en intolerancia a la frustración y demás trastornos psicológicos derivados. Por otra parte, es la cultura del consumismo. Se trata de acumular cosas, y además sin esfuerzo. La gente joven quiere empezar por donde terminamos los demás, y por ahí vamos mal? Hay que volver a la cultura del esfuerzo, del respeto y de la exigencia de responsabilidad.
-¿Cuáles son los delitos más habituales en Gijón?
-Todos los relacionados con la violencia de género: quebrantamientos de condena, relativos a medidas de alejamiento de la pareja. También son frecuentes los delitos contra la seguridad del tráfico, sobremanera los de conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas y conducir sin permiso. En materia de abandono de familia, los impagos de pensiones alimenticias, fundamentalmente por parte del padre a los hijos. Por último, delitos contra el patrimonio, hurtos y robos.
-Hace unas semanas aparecieron proclamas islamófobas en redes sociales. Izquierda Unida requirió que la Fiscalía investigase estos hechos como un delito de odio.
-A día de hoy a la Fiscalía de Área de Gijón no ha llegado denuncia alguna sobre dichos hechos.
-Sobre redes sociales y los delitos que motivan. ¿Queda mucho camino por recorrer?
-Es un tipo de delincuencia relativamente novedosa, cuya dificultad radica principalmente en su investigación, dado que a través de las webs se despliegan actividades ilegales cada vez más sofisticadas. No obstante hay que destacar la labor de la Brigada de delitos informáticos de la Policía Nacional, que es muy eficiente y realiza el trabajo fundamental. Estas infracciones se integran dentro de una materia especializada, "la criminalidad informática", existiendo en la Fiscalía de Gijón una fiscal especialista. En la medida que esta delincuencia a veces constituye una verdadera obra de ingeniería informática, el esfuerzo para desentrañarla es grande, pero ahí vamos, siempre a la zaga del delincuente.
- Esta semana se prorrogó la prisión provisional para Abdou Ndiaye, el acusado por la muerte de Sonia Mitre. ¿Dos años de espera en la cárcel hasta el juicio no es mucho tiempo?
-Es bastante tiempo, pero hay que tener en cuenta que en esta causa han concurrido varias circunstancias que han demorado la instrucción. Hubo dos recursos de la defensa contra la situación de prisión, también surgió un tema de competencia y se inhibió al Juzgado de Violencia de Género. La investigación fue complicada, precisando la práctica de al menos cinco pruebas periciales, tres de tipo biológico, una caligráfica y otra informática. Por último, esta causa se sustancia por el Procedimiento de la Ley del Jurado, que prevé una serie de trámites que también ralentizan la marcha del asunto. Ahora toca nombrar y citar a los jurados, y bueno todo eso lleva tiempo. Esperamos que en enero ya pueda celebrarse la vista.
- ¿Y no es mucho tiempo si fuese inocente?
-Sinceramente las pruebas acreditan su participación, por lo que dudo muchísimo que llegue a ser absuelto por el Tribunal Popular que lo juzgará, y que dada mi experiencia, constato que los jurados populares suelen ser más duros que los tribunales profesionales.
