El Defensor del Pueblo ha remitido a 15 ayuntamientos españoles, entre ellos los de Gijón y Avilés, recomendaciones para mejorar las actuaciones contra la contaminación atmosférica y sus consecuencias, entre las que hace un llamamiento a una mayor implicación de las autoridades sanitarias en la elaboración de planes y adopción de medidas. El informe, firmado por el adjunto primero a la defensora del pueblo, Francisco Fernández Marugán, cuestiona que sean las consejerías de Medio Ambiente -como ocurre en Asturias- las que asuman esta problemática dejando al margen a las de Sanidad.
En sus consideraciones, el Defensor del Pueblo señala que "una circunstancia que llama la atención a esta institución es la ausencia, en casi la totalidad de los casos, de actuaciones llevadas a cabo por las autoridades competentes en materia de salud pública, cuando ésta es una competencia que, como mínimo, debería ser compartida entre éstas y los órganos competentes en materia de medio ambiente. Sin embargo, es habitual que los planes se tramiten y adopten por las consejerías de medio ambiente, con escasa o nula participación de las autoridades sanitarias. Lo mismo cabe decir de las medidas que se adoptan".
El Defensor del Pueblo había iniciado de oficio un estudio sobre medioambiente en 14 ciudades españolas, entre las que no estaba Gijón. Tras una queja formulada por una vecina de Jove, integrante de la Plataforma Contra la Contaminación, incluyó al municipio gijonés, recabando información de la situación al Ayuntamiento.
El informe del Defensor del Pueblo señala, en primer lugar, que la normativa es ambigua respecto a las competencias de cada administración en materia de contaminación. El informe también alude directamente a los ayuntamientos asturianos: "Es necesario apuntar un problema que en algunas poblaciones es de una importancia considerable, como pueda ser el caso de Gijón o Avilés, en los cuales existe un tejido industrial generador de altos niveles de contaminación, que es controlado por las autoridades autonómicas (fundamentalmente a través de las autorizaciones ambientales integradas o de las autorizaciones de emisiones a la atmósfera) pero que tiene una gran repercusión a nivel local. Sin que en este caso los ayuntamientos tengan grandes posibilidades de intervención, más allá del control de las licencias municipales, y de instar a las autoridades autonómicas al ejercicio de las competencias de éstas sobre el tema".
Otro de los problemas que detecta el Defensor del Pueblo es la falta de homogeneidad en los valores límites establecidos para cada contaminante, lo que dificulta su comprensión por la ciudadanía. El Real Decreto 102/2011 marca objetivos de calidad del aire respecto a la PM 10, PM 2,5, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, benceno, plomo, monóxido de carbono, ozono, arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno. Mientras para unos contaminantes se establecen valores límite horarios y diarios, para otros los límites son horarios y anuales, para otros diarios y anuales y para otros exclusivamente anuales. A todo esto se añade la disparidad en las mediciones incluso dentro de un mismo municipio, donde no se miden los mismos contaminantes en todas las estaciones de control.
El informe también destaca el "alto grado de discrecionalidad en la actuación administrativa" a la hora de diseñar la red de estaciones de control de la contaminación. El defensor agrega que cada cinco años la administración debe revisar si sigue siendo adecuada la ubicación de las estaciones de control. El Defensor del Pueblo se apoya en sus consideraciones en un informe elaborado por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) sobre comunicación al público sobre contaminación atmosférica. Entre otras cosas, el informe del CIEMAT echa en falta "una mayor información sobre el impacto en la salud de las personas", acciones de protección a grupos sensibles (niños, personas que hacen ejercicio al aire libre, enfermos y mayores), además de los problemas relativos a los mecanismos de información, tanto en lo relativo a alertas en los que no se informa a la población sobre las medidas a adoptar, como en los índices de calidad del aire.
