Un informe pericial elaborado por la interventora del Estado Carmen Vélez Sánchez, a petición de la jueza del "caso Musel", considera irregular la adjudicación directa que hizo la Autoridad Portuaria de Gijón a la Asociación Cultural Aeropuerto para que organizara las actividades lúdicas del programa "A ver la ballena", que se celebraron en el entorno del Puerto Deportivo entre 2004 y 2011. La perita designada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), también considera que la documentación aportada por el Puerto al juzgado no permite justificar "el cumplimiento de la actividad contratada".
La Fiscalía Anticorrupción fue quien solicitó a la jueza que encargara este informe pericial, dentro de la pieza separada del "caso Musel" en la que se investiga el destino de los 902.517 euros que pagó la UTE Dique Torres, adjudicataria de la obra de ampliación de El Musel, como patrocinio de "A ver la ballena". En esta pieza separada hay nueve imputados. Por un lado, cuatro exgerentes de Dique Torres y su ex contable, por un supuesto delito de cohecho. Por otro, dos exdirectivos portuarios, un cargo del Puerto aún en activo y la representante de la Asociación Cultural Aeropuerto por los supuestos delitos de cohecho, fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos. La instrucción de esta pieza separada, al igual que la del sumario principal, ya ha concluido. En ambos casos falta saber si la juez decidirá archivar o abrir juicio, contra qué imputados y por qué delitos.
El informe de la perito de la IGAE señala que el encargo del Puerto a la asociación se hizo sin que mediara contrato en 5 de los 8 años en que se celebró la actividad; que en otro año se recoge un gasto inferior al presupuesto y que en un último el contrato está sin firmar. Por otra parte, sólo en 2004 se firmó un contrato de patrocinio. Los dos expedientes de contratación que se efectuaron en 2004 y 2005, además, vulneraron la normativa de contratación de Puertos del Estado por no haber exigido los requisitos obligatorios al contratista. El Puerto tampoco solicitó un mínimo de tres ofertas, necesarias cuando los contratos superaban los 25 millones de pesetas (150.000 euros). La adjudicación directa "supone un incumplimiento de la norma", según la perita, que también apunta que "en el expediente de contratación no consta que se estableciera un procedimiento ni criterios para la adjudicación del contrato".
El Puerto había justificado la adjudicación directa a la Asociación Cultural Aeropuerto por su demostrable experiencia y la singularidad del proyecto, pero "no queda demostrado que no existieran otras empresas capacitadas que pudieran ofrecer dicho servicio", según la perita de la IGAE, quien también apunta que haber descartado pedir ofertas fuera de Asturias "vulnera los principios de igualdad y no discriminación" establecidos en la normativa.
La perita considera que no se justifica el cumplimiento del contrato la memoria justificativa elaborada por el Puerto, que "indica una relación de los trabajos a realizar sin detalle suficiente para considerarlo un proyecto, tampoco la oferta presentada por la asociación da detalle ni presenta un proyecto a realizar. Esto, unido a que no se ha elaborado pliego de condiciones particulares hace imposible valorar el cumplimiento de los contratos, aún cuando hubiera actas de recepción", que sí las hubo en 2004 si bien en las mismas tampoco se justificó el cumplimiento, según la perita.
