El Ayuntamiento de Gijón llevaba tiempo balanceándose sobre la tela de araña de la regla de gasto y, al final, se cayó. La propia alcaldesa, Carmen Moriyón, comparecía el jueves para anunciar que el cierre provisional de las cuentas del año 2017 dejaba un incumplimiento de la regla de gasto por una cuantía de 5,5 millones de euros. El incumplimiento de este parámetro de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera impone a Gijón un Plan económico-financiero con ajustes a dos años. El resbalón es definitivo pero los problemas de Gijón con la regla de gasto no son nuevos. Ni inesperados.

El primer sobresalto llegó en mayo de 2016 cuando el cierre definitivo de las cuentas del año anterior dejó en evidencia un exceso de 1,2 millones de euros sobre el tope fijado por ley. Drama, bronca política y movimientos a contrarreloj en el equipo económico para encauzar la situación. Pero cuando ya se empezaba a elaborar el plan de ajustes llegó la sorpresa: todo había sido un error. Intervención había incluido entre el gasto computable diez millones de euros llegados de Europa como reembolsos del Programa Operativo Local (POL) de ejercicios anteriores. No hacía falta incorporarlos, así que tras eliminarlos de la operación llegaban los suspiros de alivio. Primer tropiezo superado en la repesca.

Por los pelos se salvó el segundo. El cierre de las cuentas de 2016 cumplió con la regla de gasto por un estrecho margen de 228.000 euros. Se pasaron de su límite el Ayuntamiento, el Patronato Deportivo, la Fundación Municipal de Cultura y la Empresa de la Vivienda pero los ahorros de aquel año en Divertia compensaron en la suma final. No hay que olvidar que la desviación se fija sobre el consolidado de las ocho entidades municipales que computan para la regla de gasto. Además del Ayuntamiento y sus tres organismos autónomos entran en el denominado perímetro de consolidación la sociedad Divertia, las empresas de vivienda y limpiezas y el fondo de capital-riesgo "Gijón Invierte".

Pero a la tercera ha llegado la vencida. Y llegó después de meses de avisos y advertencias. El primer toque de atención lo dio la propia interventora municipal en el informe sobre el grado de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y nivel de deuda que acompañó el proyecto de presupuesto general de 2017. Ese informe es de noviembre de 2016. Intervención avala que el presupuesto cumple con la regla de gasto pero advierte que con un margen de 760.261,79 euros que "pudiera resultar escaso" en varios escenarios futuros más que factibles. El informe también hace referencia al relevante crecimiento del gasto no financiero por encima de la tasa de referencia en Emulsa y la Fundación Municipal de Servicios Sociales -con excesos de, respectivamente 1, 8 y 2, 8 millones- y las dudas de que se pudiera compensar con los, entonces, previstos ahorros de 3 millones en Divertia y 1,8 millones en el Ayuntamiento.

Ninguna de esas previsiones a futuro se cumplió. Servicios Sociales se pasó más de 6 millones de su techo y Divertia se quedó a 10.000 euros de su tope de gasto. Por poner dos ejemplos.

Los datos actuales -aún provisionales a falta del cierre definitivo que llegará en unos meses- fijan la desviación en 5.571.743,42 euros. El gobierno de Foro achaca ese desajuste a dos asuntos muy concretos: el gasto social de la Fundación que pasó de 16,5 millones en 2016 a 24,3 millones en 2017 y los 4,3 millones que el Ayuntamiento tuvo que pagar de los préstamos de las sociedades de la Zalia y Gijón al Norte que en ejercicios anteriores no computaban para la regla de gasto. Nada inesperado, se recuerda desde la oposición, que no olvida que las constantes advertencias de la Intervención sobre el riesgo de incumplimiento de la regla de gasto eran contestadas por el gobierno forista con un mensaje del tipo "lo estamos controlando".

Aunque la interventora no fue la única que advirtió. Gijón estuvo desde un primer momento en el listado de ciudades al borde del abismo que elabora la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Ya en julio ese organismo pidió al Ayuntamiento que empezara a tomar medidas. "Estamos en ello" fue la respuesta de la edil de Hacienda, Ana Braña poniendo el freno a la ejecución de gasto allí donde pudo. Aunque el resultado final demuestra que las medidas tomadas no fueron las más eficaces.

Ahora toca diseñar un plan de ajustes y tampoco parece fácil en el contexto político de una Corporación dividida en seis grupos políticos, con un gobierno en minoría y en rampa de salida de las elecciones municipales del año pasado. El plan lo diseñará el gobierno pero lo tiene que aprobar el Pleno. Foro no fue capaz hace unas semanas de conseguir los apoyos para el presupuesto de 2018, lo que genera que ahora mismo el Ayuntamiento viva en una situación de prórroga presupuestaria. ¿Será capaz de pactar un Plan económico-financiero para los próximos dos años? El tiempo corre.