La gerencia de la Empresa Municipal de la Vivienda, que preside la forista Eva Illán, lleva este miércoles a votación del consejo de administración de la entidad una propuesta de modificación de su programa de ayudas al alquiler. Una propuesta que llega en pleno debate sobre la demora en la tramitación de esas ayudas y su repercusión en un repunte de los desahucios por impago de alquiler en la ciudad. Emvisa dedica al año unos cuatro millones en esas ayudas, que tienen unos cuatro mil beneficiarios. Es su programa estrella y el eje central de su actividad.

Uno de los cambios más importantes tiene que ver con elevar de 450 a 500 euros el tope del alquiler permitido para poder acceder a estas ayudas. Era una petición reiterada desde hace tiempo para acercarse a la realidad del mercado inmobiliario gijonés. Las ayudas al alquiler suponen un porcentaje de esa renta, variable según las condiciones económicas de la familia, se conceden por plazos de entre seis meses y un año y se puede prolongar su recepción hasta un máximo de ocho años.

Los ajustes que se van a hacer sobre el pliego de condiciones vigente, fechado en junio del año pasado, van desde reescribir el concepto de beneficiarios menores de 35 años a cambiar petición por concesión de la ayuda, a la de contabilizar tiempos en el requisito de no haber vendido una vivienda con una ganancia superior a los 6.000 euros en los doce meses previos. Además, se eliminan las referencias a excepcionalidades para personas incluidas en un plan de actuación preferente y se concreta que las solicitudes de prórroga deben hacerse cuatro meses antes de la finalización del periodo concedido.

En el apartado de desestimación de la solicitud se incluye como novedad a los solicitantes que tuvieran ayuda de alquiler para otra vivienda y no aporten el documento de rescisión del contrato; y respecto a las causa de suspensión de la ayuda se hace un matiz sobre la primera al eliminar la condición de periodo continuado de tres meses en el incumplimiento del arrendatario de sus obligaciones económicas. Ahora no se fija ningún plazo.

Todos estos cambios deben tratarse en el consejo de administración de la empresa y conseguir la mayoría necesaria para salir adelante.