Un empresario de Oviedo de 40 años está siendo investigado por realizar vertido y emisiones de amianto a la atmósfera en una fábrica de Ceares, en Gijón, de la que fue responsable hace años y cuya edificación se demolió. A estos cargos, también se le suma un delito contra los derechos de los trabajadores puesto que fueron sometidos a la inhalación de esta sustancia en su época de empleados en la empresa. La Guardia Civil investiga los hechos al tiempo que ha dado traslado al juzgado todas sus diligencias.
Las pesquisas comenzaron el pasado 24 de enero a raíz de una llamada telefónica que recibió la Comandancia de Gijón y en la que se informaba de la existencia de depósitos de uralita en unos terrenos de Ceares. Fueron los agentes del Seprona quienes comprobaron la veracidad de la alerta al encontrar unos depósitos subterráneos donde se había intentado enterrar restos de uralita parcialmente triturada.
La investigación determinó que la uralita formaba parte de la estructura de unas naves, en concreto del techo, que habían sido derruidas recientemente para hacerse con el material férrico que sujetaba la edificación. También se constató por la Benemérita que fue la empresa propietaria del emplazamiento quien decidió la venta de la chatarra existente a una empresa de reciclados de materiales metálicos. Fue esta última la que decidió, sin autorización para ello, demoler parte de una nave para hacerse con el metal, apilando la uralita del tejado y enterrándola después en unos depósitos subterráneos. Posteriormente la taparon con grava para intentar ocultar los hechos.
Grave riesgo para la salud
Esta actuación negligente conlleva un grave riesgo para la salud puesto que el amianto, mineral que conforma la uralita, "al ser fracturado, sus fibras se separan longitudinalmente en filamentos microscópicos altamente peligrosos si se inhalan o respiran", según explican desde la propia Comandancia de Gijón. En relación a esta sustancia, su uso está prohibido desde 2002 aunque se permite conservar los ya instalados debido al peligro que supone su manipulación. Es por ello que cualquier actuación similar debe ser realizada por empresas especializadas y autorizadas, de tal manera que el material se extraiga sin romper, con trajes y mascarillas de protección, para luego transportarlas en recipientes cerrados a un gestor de residuos autorizado. Nada de esto se cumplió en Ceares.
Es por ello que el pasado 5 de febrero, tras las diligencias pertinentes, se tomó declaración a S. R. M., ovetense de 40 años y responsable de la empresa de reciclados que demolió el tejado, en calidad de investigado. Además de realizar vertido y emisiones de amianto, a este hombre se le atribuye un delito contra los derechos de los trabajadores porque, con infracción de las normas sobre prevención de riesgos laborales, y estando legalmente obligados, "no facilitaron los medios necesarios para que los trabajadores desempeñaran su actividad con las medidas de higiene y seguridad oportunas". Ahora, las diligencias ya están en manos del Juzgado de Instrucción de Gijón que buscará determinar la responsabilidad del investigado.
