"No entramos a valorar si nos gusta más o menos, lo que necesitamos es que haya un plan". Así de pragmática fue la reflexión del nuevo presidente de CAC-Asprocon, Ramón Montero, al defender la urgente necesidad para su sector de que Gijón tenga un Plan General de Ordenación (PGO). Reflexión que hacía tras reunirse junto a parte de su directiva con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. "Lo que nos trasmiten es que el plan saldrá aprobado con todos los beneplácitos en el último trimestre. Haremos caso y seremos optimistas sobre tener un plan en 2018", explicó Montero.

Tras cumplirse estos días los dos años de suspensión parcial de licencias de edificación y parcelación vinculadas a la aprobación inicial del PGO, toda la actividad que el sector quiera desarrollar en Gijón se rige por el denominado "plan Rañada" de 1999, ya que los planes posteriores fueron anulados en los Juzgados. Una realidad que no le sirve a la patronal de la construcción y menos cuando la crisis empieza a dar un respiro y las cosas empieza a mejorar aunque sea "lentamente". "Estar con un plan de 1999 supone una inseguridad jurídica enorme que frena la actividad local, la generación de empleo y la inversión", sentenció el presidente de CAC-Asprocon.

Para llegar a esa aprobación definitiva antes de que acabe el año el Ayuntamiento trabaja ahora mismo en la contestación de alegaciones: se recibieron unas 1.500 en la primera información pública y cerca de 1.200 en la segunda. Muchas de ellas repetidas. El cronograma pasa por tener el informe de alegaciones listo para su aprobación política en mayo. Del Ayuntamiento tendrá que ir a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) que tiene un máximo de cuatro meses para emitir su informe. Luego llegaría la fase de aprobación definitiva.

A la hora de hablar de esa aprobación definitiva del PGO desde el Colegio de Arquitectos se reivindica el lema "sin pausa pero sin prisa". El colectivo que preside Sonia Puente Landázuri tiene claro que "los vecinos de Gijón no se merecen un PGO a cualquier precio". Por eso hacen un llamamiento a la agilidad del gobierno municipal porque "la búsqueda de consenso no puede ser una excusa para la inacción" pero piden que no se supedite "la calidad y el consenso a la urgencia".

Cinco años de licencias

La última realidad de un proceso iniciado en 2013 con un diagnóstico de la situación de Gijón es que se ha levantado la suspensión de licencias y que la ley impone que en Gijón no podrá haber otra suspensión de licencias de este tipo en los próximos cinco años pase lo que pase con el urbanismo local. A partir de ahora cualquier vecino puede tramitar en el Ayuntamiento su licencia de parcelación o edificación. Eso sí, según la normativa de 1999. Los responsables municipales analizarán cada caso a nivel particular para ver si se pueden generar situaciones de conflicto. Sobre todo en aquellos casos en los que la normativa vigente permite usos que no permitirá el nuevo Plan General.

No habría tanto problema en los casos en que el futuro PGO permita usos no autorizados en el "plan Rañada" y se espera que los propietarios que consideren que sus opciones pueden mejorar con el plan que salga de la tramitación esperen los meses que faltan para hacer sus gestiones. En todo caso en el Ayuntamiento no se cuenta con que el fin de esta suspensión de licencias desemboque en una gran actividad. Como tampoco se espera desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias "porque el fin de la suspensión no conlleva el de la incertidumbre, ya que la revisión del PGO continúa. No esperamos un repunte significativo de la actividad".

Desde el colegio se recuerda que los procesos de suspensión de licencias "no son buenas épocas para los arquitectos porque la duplicidad de normativas y la incertidumbre por el resultado desincentiva la inversión y redunda en menos trabajos para nosotros" y que trabajar con una normativa previa a la legislación autonómica y estatal "supone cierta complejidad añadida, a la que por otra parte estamos habituados ya que son muchos los concejos en esa situación. Gijón no es un caso aislado". Para los arquitectos la dificultad no es tanto con trabajar con el plan de 1999 como "la situación generada por los planes anulados que deja a los ámbitos desarrollados en tierra de nadie".