La guerra interna del Real Grupo de Cultura Covadonga llegó ayer a los tribunales. Los promotores de la moción de censura contra la directiva de Antonio Corripio defendieron ante el juez que el error por el que la comisión electoral del club anuló en agosto de 2017 su campaña de recogida de firmas "no fue hecho adrede". "No fue para engañarles, como sostiene la dirección; fue solo una confesión", expresaron, a través de su abogado Francisco González Cuesta, los impulsores de la plataforma: Adolfo González, Melchor Fernández y Javi Viña.
En concreto, la suspensión del proceso se produjo tras la queja de una mujer, que advirtió que su número de socia aparecía publicado entre los promotores de la moción cuando ella no formaba parte del sector díscolo. El motivo de ello fue que otra mujer intercambió por error el número de domicilio por el de socia.
La vista se celebró ayer en el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Gijón. Por parte de la junta directiva de Corripio, representada por el abogado Miguel Ron, acudieron como testigos Jorge Telenti y Jesús Vigil Pellón. La sentencia está previsto que salga en "tres o cuatro días".
