El Ayuntamiento repetirá la presentación del censo municipal de edificios ampliando a treinta días el plazo de alegaciones para que los vecinos puedan rectificar los errores detectados, y que han resultado muchos tras la primera publicación de este listado que fija el calendario de cumplimiento para cada comunidad de vecinos de la obligación de hacer un informe de evaluación, la denominada "ITV" de los edificios.
El gobierno municipal ha asumido repetir la presentación a partir de un ruego planteado ayer por el Grupo Municipal Socialista en la comisión de Urbanismo, Infraestructura y Vivienda. La edil socialista Marina Pineda denunció que Foro "presentó el censo municipal de inmuebles el pasado mes de marzo pero lo hizo de tapadillo, mediante un anuncio de difícil acceso publicado en la web municipal y con un plazo ridículo de 10 días para la presentación de alegaciones. Sin indicar las fechas de comienzo y finalización de dicho plazo, y que además coincidieron con la Semana Santa".
El nuevo compromiso de Foro es volver a publicar el censo, ampliar a un mes el periodo de alegaciones y publicitarlo adecuadamente. De esta forma, indica el PSOE, los vecinos y vecinales de Gijón podrán pedir que se rectifiquen los errores detectados, especialmente en lo referente a la fecha de construcción del edificio, para saber con certeza el momento en que tendrán que superar la inspección técnica del inmueble.
El Ayuntamiento de Gijón publicó este censo, que tiene alrededor de ocho mil referencias de otros tantos bloques de viviendas, en cumplimiento de una normativa del Principado de Asturias y como paso previo a la puesta en marcha de la "ITV" de edificios. El censo incluye la dirección de cada inmueble, la referencia catastral, su antigüedad y el año en que tocaría hacer esa revisión.
Están obligados a disponer de estos informes de evaluación los edificios con una antigüedad igual o superior a los 50 años, lo que supone que alrededor de unos dos mil bloques tienen que realizar este trámite antes del mes de junio. Pero, además, los ayuntamientos o la consejería de Vivienda pueden imponer esta obligación a edificios que presenten "evidentes deficiencias estructurales, constructivas o en sus instalaciones que puedan suponer riesgo para las personas, tanto en el interior del edificio como en la vía pública". Cada informe tiene una vigencia de diez años.
El PSOE también planteó, y salió adelante en el Pleno, que desde el Ayuntamiento se ponga en marcha una campaña informativa para acercar esta novedad a las comunidades de vecinos. La proposición incluía, así mismo, que en las nuevas bases reguladoras de las subvenciones para la rehabilitación de fachadas se de prioridad aquellos edificios que, como consecuencia del informe de evaluación, deban realizar actuaciones para la subsanación de defectos que afecten a alguno de los elementos objeto de la subvención.
