Las fincas del PERI 100, en la Ería del Piles pueden acabar en manos de los bancos acreedores, el Sareb (banco malo) y el Banco Sabadell-Herrero, ante la falta de recursos de Astur Promotora Urbana 2004 para pagar los gastos generados por su concurso de acreedores, que ya ascienden a 1,34 millones de euros. El administrador concursal, Leopoldo López Máñez, ha advertido de que la empresa carece de activos para hacer frente a esos gastos. De no remediarse esa situación, obligará a dar por concluido el concurso de acreedores, devolver el control de la empresa a sus administradores y la posterior ejecución hipotecaria de las fincas que Astur Promotora tiene en Gijón, Oviedo y Siero. La única posibilidad para evitar esto, es que el administrador concursal considere que el concurso de acreedores es culpable y que solicite responsabilidades patrimoniales a sus administradores.
Astur Promotora tiene unos activos valorados en 11,60 millones de euros. Entro en concurso con 112,94 millones de pasivo y sus deudas ya se han elevado hasta los 114,28 millones. El problema es que los bancos tienen derechos de cobro preferente respecto a las fincas de la empresa por 13,95 millones de euros, lo que supone que tras su venta no quedará dinero sobrante para pagar los gastos generados por el proceso judicial abierto. Eso es lo que puede acabar llevando a cerrar el concurso. En ese caso, los bancos podrán instar directamente la ejecución hipotecaria de las fincas, que saldrían a subasta conforme a las cantidades establecidas en las respectivas escrituras de constitución de hipoteca y no por la valoración del concursal.
Las diez fincas de la Ería del Piles están valoradas por el administrador concursal en 2,87 millones de euros. La empresa las había valorado en 4,98 millones. Sin embargo, las hipotecas que pesan sobre las mismas suman 28,47 millones de euros de principal, más intereses, una cifra por la que difícilmente nadie pujará, con lo que tras la subasta acabarían en manos de los bancos acreedores.
Ese escenario se evitaría si el juzgado de lo mercantil número 1 de Burgos declara culpable el concurso de acreedores de Astur Promotora y establece responsabilidades patrimoniales sobre los administradores de la empresa. Para que el magistrado decida al respecto, lo tienen que plantear o el administrador concursal o el fiscal.
De momento, el abogado gijonés Ignacio Blanco Urízar -que representa al acreedor que instó el concurso de Astur Promotora- ha presentado alegaciones instando a que se declare culpable el concurso y se reclamen 47,10 millones de euros a los siete miembros que tenía el Consejo de Administración de Astur Promotora hasta finales de 2015.
Esos 47,10 millones se corresponden con 16,76 millones por supuesto agravamiento de la insolvencia entre 2012 y 2015 y los otros 30,43 millones con un supuesto decremento de los activos en el mismo periodo. Blanco Urízar pide que no sólo se exijan responsabilidades a los administradores de Astur Promotora, sino también a Liberbank, Banco Sabadell e Ibercaja como cómplices del agravamiento de la insolvencia por 16,76 millones de euros y a otras empresas del mismo grupo que Astur Promotora como cómplices del decremento de los activos en 30,43 millones.
Renovación de créditos
Blanco Urízar sostiene que Astur Promotora ya estaba de facto en situación de insolvencia en 2012, pero que sus administradores ocultaron esa información a los acreedores, con la complicidad de las entidades financieras que refinanciaron sucesivamente las deudas con ellas de la empresa, cuando ya había embargos e impagos a las administraciones públicas y se sabía que las fincas se habían depreciado, sin que eso se reflejara en la contabilidad de la empresa. En cada renovación de los créditos bancarios se incrementaba la carga hipotecaria sobre las fincas. Las renovaciones de hipotecas comenzaron en marzo de 2012.
Además, de la refinanciación bancaria, Astur Promotora también simuló supuestamente desde 2009 una situación patrimonial ficticia -siempre según el abogado gijonés- con operaciones financieras entre la compañía y otras empresas del mismo grupo para evitar la obligación legal de disolver la sociedad por pérdidas. Esas empresas hicieron préstamos participativos a Astur Promotora, que posteriormente hizo préstamos a esas empresas, lo que Ignacio Blanco Urízar califica como amortizaciones encubiertas.
A todo esto se suma que Astur Promotora no depositó hasta abril de 2016, en el registro mercantil, las cuentas de la sociedad de los años 2011, 2012, 2013 y 2014. El concurso de acreedores necesario fue instado el 5 de octubre de 2015 y declarado el 16 de noviembre de 2016. Cuando se instó el concurso, 54 de las 78 fincas propiedad de Astur Promotora ya tenían embargos, la mayoría en apremio administrativo.
