El Consejo General de Secretarios, Tesoreros e Interventores de Administración Local (Cosital), celebra este fin de semana en Gijón su XII Asamblea, con más de 400 habilitados nacionales. José Luis Pérez, secretario del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, es el presidente de Cosital.
- La anterior secretaria municipal de Gijón fue cesada por convocar un pleno, en cumplimiento de la ley. ¿Qué opina?
-El ejercicio de las funciones que tenemos atribuidas, fundamentalmente de fiscalización de la actividad económica y financiera de los entes locales, unido a la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo en los grandes asuntos, es incompatible con el régimen de libre designación, sobre todo si se entiende con una designación de confianza política. Creo que se confunde la confianza política con la discrecionalidad técnica. La libre designación sólo sería admisible si la entendemos como una capacidad mayor de evaluar el perfil profesional de los candidatos, pero no el "nombro a aquel que es de mi confianza política". Esto tendría que ir aparejado con una garantía de estabilidad en el cargo, porque si yo puedo cesar al funcionario en cualquier momento sin dar ninguna razón objetiva, lo que hago es tener un funcionario sometido al miedo. El caso concreto de Gijón, no lo recuerdo, pero con lo que he dicho, cualquiera podrá extraer una opinión.
- ¿Cuál es el riesgo?
-Estoy convencido de que mis compañeros ante una contradicción entre sus contradicciones profesionales y cualquier otra exigencia, optan por la profesionalidad, pero no dejan de ser un lastre y una situación incómoda. No es de recibo que pueda estar en manos de un alcalde un cese caprichoso por ajustarte a la ley.
- ¿Cómo se están posicionando los tribunales al respecto?
-Los juzgados de lo contencioso se vienen pronunciando cada vez más porque el nombramiento y el cese tengan al menos una motivación técnica.
- Los interventores están entre el alcalde y el Ministro de Hacienda. ¿Cómo se sirve a dos señores?
-A lo que sirven es a la administración local en el ámbito de la legalidad, otra cosa es que esa legalidad sea más o menos intervencionista.
- ¿Hay presiones?
-No hay una situación generalizada de presión, lo que no significa que no haya casos de enfrentamientos e incomodidad.
- ¿Y acoso laboral?
-Ha habido algunas situaciones de acoso laboral y alguna condena.
- ¿Qué papel tienen los habilitados nacionales en la lucha contra la corrupción?
-A través de sus informes se pone de manifiesto aquellos acuerdos que se ajustan o no se ajustan a la legalidad. El habilitado no es un fiscal.
- El concepto de otros miembros de la administración local sobre ustedes es que son los que ponen reparos.
-A veces sí se nos dice que somos quienes paralizamos la actividad municipal, pero en términos generales creo que no es así. La ley al final es siempre garantía de acierto. Lo que hay que incorporar a la cultura funcionarial y política local son más técnicas de programación y planificación estratégica, y seguro que eso hará que desaparezca esa sensación de rémora. Lo que hay que eliminar de la administración es la improvisación, que es cuando se producen los conflictos.
- Salvo excepciones, los ayuntamientos son la parte saneada de la administración.
-Yo creo que ha sido fundamental el papel de los interventores y de los habilitados en su conjunto y también la clase política local es respetuosa con la legalidad en términos generales. El rigor técnico y el respeto a la ley es lo que ha hecho que la administración local sea la que cumpla los objetivos de déficit, fundamentalmente.
- ¿Cómo llevan la tramitación electrónica?
-Ese es un mundo diverso, como diverso es la planta municipal, con municipios como Madrid con más de 3 millones de habitantes y municipios con 4 habitantes en España, donde las potestades que ejercen sus autoridades son básicamente las mismas y, salvo los que están en régimen de grandes ciudades, tienen las mismas competencias, tengan 20 habitantes o 60.000. La implementación de la administración electrónica es distinta.
- ¿Cree que tiene sentido que en España haya 8.017 municipios, muchos de ellos con muy pocos habitantes?
-El problema es que el sentido de pertenencia del ciudadano a su comunidad vecinal es muy fuerte. Si unimos a eso que muchos municipios pequeños, que están fundamentalmente en la mitad norte de España, suelen tener muchos bienes comunales, dificulta más el tema. Es un lastre y una asignatura pendiente. La última reforma de la Ley de régimen local habilita mecanismos para facilitar la fusión voluntaria, que no está teniendo mucho éxito. Probablemente habrá que ir a mecanismos de prestación de servicios previstos en las diputaciones, y dejar en manos de los ayuntamientos pequeños la decisión sobre aquellos aspectos más intrínsecos del propio lugar. La Constitución de Cádiz ya intentó la supresión y dijo que en los municipios de menos de 2.000 almas no habría ayuntamientos, pero más de 200 años después estamos en el mismo sitio.
