Manolita está a punto de romper a llorar. Suspira y dice que tiene mucho que contar. Y por fin cuenta: "Nos quieren desahuciar cuando llevamos 53 años pagando la renta mensualmente y ahora el IBI de los últimos cinco años". Manuela Rodríguez Gallego, más conocida como Manolita, es una de las 37 familias del poblado minero de La Camocha que se enfrentan a un desahucio por el proceso concursal del pozo. Ayer participó en el Centro de Cultura Antiguo Instituto en un encuentro con mujeres, organizado por Podemos. "Andan mandando cartas y hay que entregar las llaves dentro de quince días. Pero a mí tendrán que sacame con los pies por delante, porque con la cabeza por delante no lo van a conseguir", aseguró.
Manolita pone voz a un problema, que, en palabras de la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, "es consecuencia de una desastrosa política industrial y de transición energética". Montero estuvo en Gijón para prestar su apoyo a las familias afectadas de La Camocha y a "miles de mujeres que están peleando por una España que cuide y garantice derechos".
Sus palabras fueron secundadas por la portavoz adjunta del grupo parlamentario de Podemos Asturias, Lorena Gil, quien adelantó que forzarán en la Junta General un posicionamiento público del consejero de Industria sobre el inminente desahucio en el barrio obrero de La Camocha. "Nosotros creemos que de manera general la historia de esta mina es la historia de la política industrial fracasada en Asturias. Es el ejemplo también de un consejo de dirección y de administración que trata de lucrarse, que son malos gestores y que dejan a trabajadores en la ruina; y por otro lado, de un gobierno que no está respondiendo a un problema", manifestó.
La vecina Manuela Rodríguez mostró su indignación por una amenaza de desahucio que ya comenzó hace diez años. Y que ahora parece definitiva. "Yo no entregué las llaves ni pienso hacerlo. Si tengo la casa en condiciones fue porque tuve que pedir préstamos en el banco. Para que ellos -la administración concursal- vengan ahora y me digan: 'Vete a la calle'", señaló. Para añadir a continuación: "Nunca tuvimos ayuda. Hubo vecinos que se movieron muchísimo, pero siempre les dieron con la puerta en la narices. Antes éramos los hijos, ahora somos las viudas y detrás ya vienen los que quedan".
Una horas antes de que Manolita diera su testimonio Estefanía Puente, concejala de Xixón Sí Puede, anunciaba que su grupo municipal ha exigido de la Alcaldía que se asuma una labor de intermediación municipal en este conflicto. A Carmen Moriyón ya le pidieron en marzo que se interesase por este problema ante el juzgado y los abogados de la sociedad concursal pero ahora se lo exigirán a través de una iniciativa plenaria a tramitar en la sesión del mes que viene. Una de las opciones que baraja XSP es favorecer un cambio en la tasación que "acerque el precio a la realidad del mercado. No esos entre 80.000 y 100.000 euros de ahora, que son inasumibles para estas familias.
Para antes quieran la reunión que le han pedido a la regidora forista que tenga con los afectados cara a cara.
