La Fiscalía del Principado de Asturias pide penas de hasta 18 años de cárcel para los miembros de una organización, con base en Asturias, que desde marzo de 2013 traficaba con estupefacientes y drogas de síntesis.
Ante el juicio, que arrancará el miércoles Gijón, la Fiscalía pide penas de cárcel de entre 6 y 18 años para los 17 integrantes del grupo dedicado a la adquisición y distribución de estupefacientes, que iban desde el hachís hasta la cocaína y las denominadas drogas de síntesis.
El núcleo mayoritario de la organización estaba en Asturias, "centro principal desde el que se organizaron las principales operaciones de adquisición, como el lugar al que iban destinadas en primer término las partidas de estupefacientes para su ulterior distribución".
En líder, ubicado en Gijón, mantenía una "estrecha relación" con uno de los acusados, que desde La Coruña y en "una posición de superioridad" semejante a la del jefe, se encargaba de proporcionar los contactos necesarios para la adquisición de sustancias, y la organización contaba también con miembros en Santander y León.
Durante la investigación se pudo constatar que los principales miembros del grupo, al margen de contactos telefónicos, se reunían personalmente para concretar detalles relativos a todo el proceso de adquisición de estupefacientes, cómo ocurrió el 16 de marzo de 2013 en León o el 29 de marzo de 2013 en Granda.
En las viviendas de los procesados se encontró cocaína, MDMA, anfetaminas o ketamina y en el domicilio del líder se hallaron, entre otras cosas, 3.875 euros, dos pistolas, dos puños americanos, dos defensas extensibles, teléfonos móviles, así como cannabis ketamina, anfetamina, metadona y MDMA.
Los hechos de los que se acusa a los procesados son, según la Fiscalía, constitutivos de un delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal y de un delito de tenencia ilícita de armas prohibidas y reglamentadas.
La Fiscalía pide 15 años de prisión y multa de 13.106 euros para el líder de la organización y otros tres años por tenencia ilícita de armas prohibidas y reglamentarias. Para el segundo acusado pide once años de cárcel y multa de 4,9 millones de euros; y para el resto penas que oscilan entre los doce y los dos años de prisión. El Ministerio Público señala que la responsabilidad penal subsidiaria por impago de multa será de un día de privación de libertad por cada 100 euros no satisfechos con el límite legal del artículo 53 del Código Penal.
