París / Oviedo

Millones de franceses sintieron ayer un escalofrío al enterarse de que la gendarmería francesa ha creado un fichero para censar a los gitanos franceses y extranjeros que viven en el país, según reveló el diario «Le Monde». El recuerdo de las listas de franceses de religión u orígenes judíos que las autoridades colaboracionistas del régimen de Vichy (1940-1942) entregaron a los nazis cobró cuerpo de inmediato, generando un vivo debate en el país y numerosas condenas. La inmensa mayoría de los judíos franceses denunciados acabaron sus días en los campos de exterminio.

El fichero constituye una «ilegalidad discriminatoria», aseguró a Efe el abogado William Bourdon, que ha denunciado el caso ante la Justicia. El letrado, que representa a las cuatro principales asociaciones de gitanos de Francia, presentó la denuncia el miércoles, por creación de un fichero no declarado y conservación de datos de carácter personal que muestran los orígenes raciales y étnicos.

Esta práctica está considerada delito en la legislación francesa y está penada con hasta cinco años de cárcel y una multa de 300.000 euros. El fichero, denominado de Minorías Étnicas No Sedentarias (MENS), fue creado por la Oficina Central de Lucha contra la Delincuencia Itinerante (OCLDI), según informó el abogado denunciante.

Además de ante la Justicia, la denuncia fue presentada ante la Comisión Nacional de Informática y Libertades, al considerar el abogado que el fichero no fue declarado, y ante la Alta Autoridad contra las Discriminaciones.

El Ministerio del Interior, a cargo de Brice Hortefeux, ha comenzado por negar los hechos: no admite la creación de este fichero recientemente, aunque sí concede que el nombre de MENS «fue utilizado por la Gendarmería en los años 90», según reveló el vespertino «Le Monde».

Como es lógico, y al margen ya del regreso de los fantasmas del pasado, la denuncia del establecimiento de un fichero de gitanos ha echado más leña al fuego provocado por las deportaciones de gitanos rumanos y búlgaros en las últimas semanas.

La denuncia llega en un momento particularmente inconveniente para el Gobierno del presidente Nicolas Sarkozy, ya que el pasado 30 de septiembre, la Unión Europea decidió, en un gesto muy criticado, no abrir a Francia un expediente por discriminación y se limitó a pedirle que no discrimine a ciudadanos comunitarios y que trasponga cuanto antes a su legislación todas las directivas relativas a la libre circulación de ciudadanos en el interior del territorio de los Veintisiete.

Precisamente, este asunto fue debatido ayer en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, donde el grupo del PPE fue el único que defendió a Sarkozy en relación con su política hacia los inmigrantes gitanos.

En el debate, sólo el portavoz del PPE, el legislador chipriota Christos Purgurides, y los parlamentarios de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) francesa defendieron esa postura. Por su lado, los Grupos Socialista, Izquierda Unida Europea, Liberal y el que agrupa a los conservadores británicos criticaron el desmantelamiento de los poblados y la expulsión de los gitanos procedentes de Rumanía y Bulgaria o evitaron una postura clara.

Purgurides afirmó que «es injusto concentrar las críticas en Francia», ya que «intenta hacer frente a la llegada masiva de inmigrantes». Al tiempo, apostó por el incremento de los fondos de la UE para la integración y un mayor control de esos fondos.

Sin embargo, el legislador socialista rumano Adrian Nastase dijo que lo que ha hecho Francia es «inaceptable» y el liberal británico Michael Hancock, ironizó que «hubiera sido muy fácil en EE UU apostar por la deportación de los banqueros que provocaron la crisis». La senadora socialista francesa Maryvonne Blondin se declaró «muy crítica» con la forma de actuar de su país y lamentó que la polémica haya dañado la imagen internacional de Francia.