Los republicanos están dispuestos a demostrar a Obama que responderán a sus decretos con toda la artillería. Apenas unas horas después de que el presidente de EE UU, en un discurso a la nación, desgranara el jueves los principales puntos de una reforma migratoria que impedirá la deportación de cinco millones de indocumentados, los legisladores del partido del elefante han contratacado con una demanda ante una corte federal por abuso de poder.
La demanda republicana, presentada por el grupo de legisladores que tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, se dirige precisamente contra una serie de decretos mediante los que Obama, sin autorización del Congreso, introdujo modificaciones en la ley de reforma sanitaria.
"La Administración ha abusado repetidamente de su poder, usando las órdenes ejecutivas (decretos) para sustituir a la legislación", sostiene la demanda interpuesta contra la secretaria de Salud, Sylvia Burwell, y el secretario del Tesoro, Jacob Lew.
La demanda cita la decisión de Obama de dictar una orden ejecutiva en junio de 2013 para aplazar la obligación de que los empleadores ofrezcan cobertura sanitaria a sus empleados. La Casa Blanca hizo una revisión adicional de la ley siete meses más tarde al autorizar a los empleadores con entre 50 y 99 trabajadores a tiempo completo a no cumplir con el requisito de ofrecer seguro sanitario hasta 2016.
El otro aspecto de la demanda se refiere a lo que considera la "transferencia ilegal" de 175.000 millones de dólares a las compañías de seguros médicos para favorecer que las personas de bajos recursos tengan acceso a un seguro de salud. Según la Oficina de Presupuestos del Congreso, el Gobierno pagará 3.000 millones de dólares a las compañías de seguros en el año fiscal 2014 y prevé pagar en los próximos 10 años un total de 175.000 millones de dólares por el programa de gastos compartidos, con unos fondos que no han sido autorizados por el Congreso.
El jefe de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, John Boehner, confirmó la demanda en un comunicado emitido minutos después de una conferencia de prensa en la que avanzó su intención de tomar medidas contra "el mandato unilateral del presidente".
Boehner acusó directamente a Obama de comportarse de manera anticonstitucional al gobernar por decreto. "Una y otra vez este presidente ha elegido ignorar la voluntad del pueblo estadounidense y reescribir la ley federal sin que el Congreso tenga voto", sostuvo Boehner.
"Si este presidente se puede salir con la suya al hacer sus propias leyes, los futuros presidentes lo harán también. La Cámara tiene obligación de defender la Constitución y por eso estamos persiguiendo esta línea de acción", manifestó.
La Casa Blanca recordó, no obstante, que los decretos de Obama sobre inmigración que los republicanos consideran ilegales tienen antecedentes en medidas similares de presidentes republicanos como Ronald Reagan y George Bush hijo.
Los republicanos matizan, sin embargo, que la diferencia con esos ejemplos mencionados por la Casa Blanca es que Bush y Reagan utilizaron sus decretos para ampliar algunos aspectos de una ley aprobada previamente en el Congreso que contó con apoyo bipartito: la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986, que benefició a tres millones de indocumentados.
En medio de tan agria polémica, los grupos de defensa de los Derechos Humanos en EE UU celebraron los decretos de Obama sobre inmigración, ya que, dijeron, resuelven una situación de injusticia, pero coincidieron en lamentar que el Presidente no haya llegado lo bastante lejos al no abordar otros problemas relacionados con la inmigración ilegal, por lo que deja fuera a seis millones de indocumentados.
