Las declaraciones de un constructor "arrepentido", Otávio Marques de Azevedo, han puesto un nuevo cerco a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Marques de Acevedo ha asegurado, en una delación pactada con la Fiscalía, que la campaña para la reelección presidencial de 2014 se pagó con sobornos recibidos a cambio de adjudicaciones de obras, algunas de ellas relacionadas con el Mundial de Fútbol de ese año.
El constructor, expresidente de una de las principales empresas investigadas en el sumario Lava Jato, relató al Ministerio Público que los contratos obtenidos sin concurso para construir los estadios Arena Amazonia de Manaos y Mané Garincha de Brasilia, así como para la multimillonaria reforma del estadio Maracaná de Río, generaron sobrecostes de varios millones de reales que permitió desviar enormes cantidades de dinero público que acabaron en manos de la empresa y, con posterioridad, fueron convertidas en parte en donaciones legales a la campaña de Rousseff, reelegida para un segundo mandato en octubre de 2014.
En total, según explicó el diario "Folha de São Paulo" en un reportaje publicado el jueves, la aportación de la constructora Andrade Gutierrez, la empresa que presidía Acevedo, a la campaña para la reelección presidencial ascendió al equivalente a 4,74 millones de euros.
Entre tanto, el fiscal general brasileño, Rodrigo Janot, ha asegurado que Rousseff procedió de manera errónea al nombrar a su predecesor y mentor, el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, como ministro, al entender que buscaba evitar que fuese investigado por diversos cargos de corrupción relacionados con la petrolera estatal Petrobras.
De hecho, aunque el nombramiento de Lula como ministro de la Presidencia ha sido paralizado dos veces por el recurso de sendos jueces, por el momento no ha sido anulado. Esta situación, según Janot, ha permitido quitar momentáneamente de las manos del juez federal Sergio Moro la investigación contra Lula, antes de que, si finalmente el nombramiento sigue adelante, pase al Supremo Tribunal Federal, foro que se encarga de procesar a los miembros del Gobierno.
El juez Moro, que ordenó la detención de Lula el pasado 4 de marzo, así como el registro de su vivienda, lo acusa de haber recibido prebendas de empresas beneficiadas por Petrobras, entre otras un lujoso tríplex que Lula nunca habría declarado al fisco ya que figura a nombre de una constructora. La Fiscalía ha llegado a pedir sin éxito prisión preventiva para el expresidente.
