En 2001 medio centenar de veterinarios, contratados por el Gobierno regional para realizar campañas de saneamiento ganadero, fueron despedidos por la Administración, que alegó el fin del trabajo para el que habían sido requeridos. Los facultativos demandaron al Ejecutivo y reclamaron el reconocimiento de una relación laboral indefinida. Los tribunales les dieron la razón. Fueron readmitidos en sus puestos de trabajo y sentaron un precedente hasta ese momento inexistente en la jurisprudencia española.

La Consejería de Medio Rural se encontró entonces con 110 veterinarios en plantilla, ya que a los cincuenta readmitidos se unieron los que fueron contratados para los trabajos de la campaña que se ejecutaba en aquellos momentos, que disfrutaban de un contrato mercantil con un año de duración. En 2005, el Gobierno convocó un concurso oposición libre para proveer las plazas y dar una salida a 51 veterinarios considerados laborales indefinidos hasta que se proveyesen sus plazas. Los veterinarios discreparon del método elegido por la Administración (oposición libre en vez de concurso-oposición que valorase experiencia y méritos) y reclamaron una solución política. La convocatoria fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Ahora, muchos de los veterinarios que vivieron el proceso regresan mentalmente a aquellos momentos a través de la angustia que les genera la posibilidad de verse en la calle. "No sería justo, después de todo lo que hemos tenido que luchar", aseguraba ayer uno de ellos. Los sindicatos denuncian que Tragsa no dice la verdad cuando alega pérdidas para poner en marcha el expediente de regulación de empleo. Hasta ahora en toda España se han acogido a él, de forma voluntaria, cuarenta trabajadores.