La última reforma de la Política Agrícola Comunitaria (PAC), o CAP, por sus siglas en inglés, aún no ha cumplido dos años y la Comisión Europea prepara ya una nueva revisión del sistema para diseñar las medidas que se aplicarán a partir de 2020. El caballo de batalla será el futuro de las ayudas directas, que dejan en Asturias más de 30 millones de euros, de los más de 45 que llegan a 10.900 agricultores y ganaderos en la región.
El próximo 2 de febrero la Comisión abrirá una consulta pública en la que podrán participar las entidades del sector y los ciudadanos que quieran realizar sus aportaciones. No es la primera vez que se pone en marcha una iniciativa de este tipo, pero en esta ocasión, la reforma post-2020 cobra matices especiales. Se prepara la PAC que entrará en vigor tras la salida del Reino Unido del mercado único y también la que llegará después de cuatro años de Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que se avecinan de un feroz proteccionismo, también en el campo.
El maná agrario, ya reducido con la última reforma planificada hasta 2020, puede verse aún más mermado en Asturias en la tercera década del siglo, si prosperan tesis como la de Alan Matthews, profesor emérito de la Política Agraria europea del Trinity College de Dublín, "gurú" del sector, que lleva años cuestionando el actual esquema de pagos directos implantados a partir de la reforma MacSharry de 1992 y las posteriores revisiones.
La PAC, igual que el "farm bill" estadounidense, que sin duda Trump revitalizará más aún, surgió tras la Segunda Guerra Mundial como una política intervencionista destinada a garantizar el abastecimiento de alimentos a precios asequibles y, a la vez, procurar ingresos equilibrados a la población agrícola. Las medidas fueron tan eficaces que la escasez de alimentos de la posguerra se transformó en esos célebres ríos de leche y montañas de mantequilla de los que se hablaba hace décadas en Bruselas. Expertos como Matthews consideran que los actuales pagos directos por hectárea son una herramienta ineficiente que reduce el precio de los productos. Sin embargo, el académico irlandés (compatriota del actual comisario de Agricultura, Phil Hogan) no se atreve a sugerir su eliminación debido a la tremenda dependencia de estos pagos por parte de las explotaciones agrarias. El experto considera que las nuevas políticas deben ayudar a los agricultores a afrontar desafíos específicos y producir bienes que sean demandados por los consumidores.
La consulta que lanza Hogan durará 12 semanas y finalizará el 26 de abril. Los ganaderos asturianos tienen una oportunidad de oro para responder un cuestionario de 30 preguntas centradas en cómo debe modernizarse y simplificarse la PAC. Hogan da pistas y plantea tres prioridades: "Contribuir a que la agricultura de la UE sea más resistente a los cambios del mercado, que sea más sostenible, y facilitar la llegada de los jóvenes al sector".
Cualquier agricultor asturiano estaría de acuerdo con estos principios. Pero llevarlos a la práctica es muy diferente según se trate de las onduladas superficies de Francia o de la escarpada orografía asturiana. El comisario defiende unas nuevas ayudas directas vinculadas a la evolución de los mercados europeos y a Asturias le vendría bien que esa reforma atendiese de alguna manera a las diversidades y peculiaridades de una ganadería de montaña, en la que es más caro producir, pero que a cambio ofrece productos de alta calidad.
Ésa será de nuevo la batalla que, por cierto, planteó sin éxito el Gobierno del Principado en la pasada reforma. Se abre un nuevo escenario. Puede ser el fin o el inicio de una etapa. El 2 de febrero comienza la cuenta atrás.
