Informaba recientemente este periódico acerca de un contencioso en Salas a resultas de un nombramiento del anterior primer edil que, para el actual Alcalde, no se ajustó a la legalidad y, como consecuencia de ello, el asunto se dirimirá en el ámbito judicial. Más allá del aspecto legal sobre el que no me corresponde pronunciarme, cabría preguntarse si no estamos ante un episodio más de los muchos que ponen de manifiesto los excesivos poderes que tienen los alcaldes en particular y los dirigentes políticos en general. ¿Sería pedir lo imposible que todo puesto de trabajo en cualquier ámbito estatal respondiese a unos criterios objetivos en el que los méritos pudiesen acreditarse mediante los conocimientos que se plasman en un examen y, también, mediante la exigencia de las titulaciones correspondientes para determinados cometidos laborales? ¿No sería muy saludable evitar la mera sospecha de premiar lealtades inquebrantables y otros etcéteras? ¿No sería razonable considerar que los políticos no sólo deben ser justos y ecuánimes en sus decisiones, sino que además están obligados a esforzarse por parecerlo?
