Grandas de Salime, A. M. SERRANO

La Coordinadora Ecologista Asturiana acusó ayer a la Comisión de Patrimonio del Principado de no tener en cuenta sus propios acuerdos técnicos y dar de paso un anteproyecto del parque eólico de Lombreiros, en el concejo de Grandas de Salime, que incluye la instalación de aerogeneradores de 166 metros de altura, 48 metros por encima de lo previsto inicialmente.

Según los ecologistas, la Comisión de Patrimonio optó por aprobar un proyecto eólico con características técnicas diferentes a las pactadas en las reuniones del 28 de enero y 15 de abril de 2010. En el último acuerdo, los ecologistas aseguran que la comisión no tuvo en cuenta el procedimiento de la Consejería de Cultura de abrir un expediente de Bien de Interés Cultural sobre el castro de Chao Sanmartín y se saltó los criterios pactados en la anteriores encuentros, incurriendo en irregularidades. El colectivo entiende que este proyecto tiene impacto visual sobre el castro Chao Samartín.

«Patrimonio tendría que prohibir expresamente el desarrollo de este parque, al ser imposible aminorar el impacto visual de siete aerogeneradores de 168 metros de altura que constituiría un telón de fondo inmediato y difícilmente soslayable», sostienen.

El alcalde de Grandas de Salime, Eustaquio Revilla (PSOE), tiene una opinión diferente. El regidor asegura que este parque eólico, de momento, «no es una realidad y sólo tiene posibilidades de futuro» y además indicó que «no generaría ningún impacto sobre el castro» grandalés. Los ecologistas piden que la Consejería de Cultura modifique el acuerdo de la Permanente de Comisión de Patrimonio del 28 de abril del 2011, que «no tuvo en cuenta los cambios sustanciales del parque exigidos en anteriores encuentros» y exigen una investigación para aclarar las razones por las que los acuerdos «no tuvieron en cuenta los informes internos que desaconsejaban la aprobación de este proyecto».

Los parques eólicos proyectados en el Occidente asturiano han generado mucha controversia. Los ecologistas dudan que su desarrollo sea compatible con un entorno de alto valor ecológico y paisajístico.

Los ayuntamientos donde se asientan reciben una cuantía económica al año por la instalación de las torres. Esa cuantía varía en función del número de aerogeneradores y la potencia instalada.