La Delegación del Gobierno en Asturias acaba de publicar, a través de un anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), la convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la construcción de la línea eléctrica denominada "Boimente-Pesoz". La construcción de esta infraestructura tiene como objetivo transportar hacia la Meseta el excedente de energía eléctrica producida en los parques eólicos de la comarca. Este proyecto fue declarado, en abril de 2013, de utilidad pública, y al mismo tiempo se aprobó el proyecto de ejecución de la línea eléctrica aérea de Red Eléctrica de España.
En orden de continuar con el proceso, se ha convocado a los propietarios afectados de los municipios de Santa Eulalia de Oscos, San Martín de Oscos, Pesoz y Grandas de Salime a que acudan a la sede de sus respectivos ayuntamientos para proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación. Es un proceso que ya ha sido puesto en marcha, de igual forma, en la vecina comunidad gallega, donde el gigante de alta tensión afecta a un total de diez municipios.
Como explica el anuncio del BOPA, "los afectados deberán asistir por sí mismos o representados por persona debidamente autorizada, aportando el documento nacional de identidad, los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del impuesto sobre bienes inmuebles".
"Esta publicación en el BOPA es la continuación normal del proceso por parte del promotor del proyecto", señaló ayer Ignacio Martínez, asesor del colectivo Camín Grande, que lucha desde hace varios años contra la construcción de esta línea eléctrica. "No modifica en ningún caso los procesos judiciales abiertos, ya que la empresa continúa los trámites con las autorizaciones que tiene", añade. Este nuevo paso, por tanto, "no cambia para nada el conflicto, ni nuestra voluntad de seguir luchando contra esta instalación", concluye Ignacio Martínez.
Actualmente, Camín Grande continúa su batalla legal contra esta línea de alta tensión junto a varios de los ayuntamientos afectados: Santa Eulalia de Oscos y los gallegos de A Pontenova, O Valadouro y A Fonsagrada. Así, han presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que respaldaba el trazado de la línea y su estudio de impacto ambiental.
Por otra parte, está en curso otro proceso, directamente ante el Tribunal Supremo, por la aprobación por el Consejo de Ministros de la declaración de utilidad pública y la aprobación del proyecto de ejecución de esta línea.
