Veintinueve propietarios de Soto de Luiña, en Cudillero, están obligados a solicitar permisos especiales a la Dirección General de Patrimonio en caso de hacer alguna obra en sus fincas o rehabilitar las edificaciones ya existentes. La medida llega después de que el Principado acotara un perímetro más extenso para proteger el entorno de la Iglesia y la Casa Rectoral de Soto de Luiña, que son Bien de Interés Cultural (BIC) y Patrimonio de la Humanidad. Los interesados en hacer alegaciones o sugerencias a esta norma y lo que se deriva de ella tienen de plazo hasta el día 29.
Representantes del gobierno mantuvieron ayer un encuentro con parte de los vecinos afectados para explicar la nueva situación. Los vecinos están obligados a cumplir con la Ley de Patrimonio. En caso de que deseen hacer obras deben comunicarlo al Ayuntamiento, que informará a la Dirección General de Patrimonio. Este departamento emitirá su dictamen, que será vinculante.
La aparejadora del Ayuntamiento indicó ayer que, en todo caso, las normas del Ayuntamiento ya preveían restricciones en este entorno, razón por la que las obligaciones de las licencias de obra no cambiarán mucho. Los vecinos mostraron su preocupación por las viviendas cercanas a la iglesia, ahora mismo excluidas del entorno a proteger pero en visible estado de semiabandono. De hecho, plantearon la posibilidad de solicitar que se incluyan dentro del entorno de protección del BIC.
