Cuando se extinguió el antiguo régimen autoritario, los líderes políticos se propusieron dotar a España de una Constitución que garantizase el regreso de la democracia, el único régimen político que dentro de una comunidad garantiza la igualdad.
Los "padres de la Constitución" lograron un texto cuya bondad nos llevaba a la esencia del gobierno del pueblo por el pueblo, manteniendo el principio de la separación de poderes como forma de control entre ellos para crear un Estado de derecho en el que la ley obliga por igual a todos los ciudadanos. Nos pusieron en el camino para la democracia.
Toda comunidad, sea cual sea la forma de convivencia política que adopte, tiene el peligro de las posibles conductas delictivas de sus miembros, pero en un sistema democrático representativo, a diferencia de las dictaduras y regímenes totalitarios, existen canales de control político para denunciar, imputar y corregir dichos actos, aunque el más efectivo sería el rechazo social a tales comportamientos, pues la democracia presupone la existencia de una cultura y de unos valores comunes que le son consustanciales. Altruismo, libertad, dignidad, igualdad, tolerancia, diálogo, etcétera, son unos valores éticos que han de existir en todas las formas de convivencia.
No se puede olvidar que los "hombres públicos", salvo los auténticos líderes que llegan a ello precisamente por sus condiciones personales, son el reflejo de la sociedad que los encumbra, sociedad que en España es muy deficitaria en valores democráticos. Por ello es necesaria una educación cívica. Es necesario que las fuerzas políticas, sociales y religiosas se pongan de acuerdo sobre la educación ciudadana sin que su contenido se convierta en una forma de adoctrinar. Sólo así, aunque tengan que pasar años, lograremos una base real para erradicar esas conductas contrarias a la democracia. Entre tanto tenemos que hacer lo posible para lograrlo con arreglo a nuestras limitadas fuerzas, aunque son los partidos políticos los llamados a ello.
Los partidos políticos, en su afán de alcanzar el máximo poder, crearon las bases o el terreno necesario para que se alimentase la corrupción y las conductas que configuran otros delitos ligados a ella.
Sin valorar las consecuencias de sus actuaciones, por falta de previsión o por ignorancia, anularon o disminuyeron los sistemas de control o equilibrio en la división de poderes. Prácticamente dejaron sin efecto el Poder Legislativo, mediante la ley Electoral y la ley de los Partidos Políticos, que de hecho anuló el artículo 122 de la Constitución, en forma tal que permitió a un político afirmar "quien se mueve no sale en la foto". En España todos sabemos que quien hace las leyes es el presidente del Gobierno.
Dominado uno de los poderes del Estado, se pretendió y se logró desprestigiar al Poder Judicial, apoderándose del Consejo General del Poder Judicial mediante la argucia de extender los principios democráticos.
Como ya comenté en LA NUEVA ESPAÑA, el órgano de gobierno de los jueces es el Consejo General, compuesto por veinte vocales, doce elegidos entre jueces y magistrados y ocho entre abogados y juristas de reconocido prestigio. En la ley Provisional de 1/1980, como se interpretó el artículo 122 de la Constitución, se siguió el sistema de elección directa entre los jueces para designar a los doce vocales que corresponden a la carrera judicial, vocales que forman la mayoría del Consejo; pero por la ley 6/1985 se modificó dicho método, y esos doce miembros ahora son elegidos seis por el Congreso y los otros seis por el Senado, además de los otros cuatro que cada una de las cámaras elegía.
Se indicó que el cambio en los nombramientos estaba justificado ante el principio constitucional de que la justicia emana del pueblo, y de ahí que sea el Parlamento quien tenga que elegir a los miembros del Consejo. El razonamiento carece de justificación y es incongruente, pues esos vocales ya están administrando justicia en nombre del pueblo, y evidentemente están preparados para una tarea administrativa de gobierno, pues su capacidad intelectual la demostraron con las pruebas de acceso a la carrera judicial. Pero lo que es fundamental es que con este sistema, por el contrario, se ignora el fundamento, la esencia de la democracia, como ya se nos indicó en Francia en la lejana fecha de 1791 en el artículo 16 de la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: "Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución". Es evidente que si los partidos pueden gobernar el Poder Judicial, esa separación no existe.
Por otra parte, hay que recordar que el juez necesita para actuar la petición de parte, no puede actuar de oficio como en la época absolutista o inquisitorial, pues en España existe un régimen acusatorio. En el ámbito penal el juzgador precisa una petición de condena y es el legislador el que señala las penas con las que se pueda castigar un hecho delictivo sin que el juzgador pueda sancionar fuera de esos límites o en forma distinta.
Los efectos del cambio fueron desastrosos, pues se adjetivó al juez y su función, y nuestra democracia pasó a tener jueces conservadores y jueces progresistas, con el efecto negativo que ello conlleva para el ciudadano, que piensa que ese juez va a seguir las orientaciones del partido que lo nombra, opinión que puede acentuarse en los delitos de los políticos, que han de ser juzgados por la sala del Tribunal en la que se integran los magistrados nombrados por los parlamentos de las comunidades autónomas conforme al artículo 32 de la ley de Demarcación.
Ante esta intervención y posible control del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, ¿qué ciudadano o funcionario conocedor de un delito de los que comentamos va a denunciar el hecho, si puede pensar que esa conducta puede repercutir en su contra?
Si queremos una verdadera democracia tenemos que exigir que se cambie inmediatamente el sistema electoral, con listas abiertas y posibles segundas vueltas entre los partidos más votados en la primera elección, pues el cuerpo electoral hace entre ellos su propia selección reflejando mejor el sentir ciudadano.
Igualmente hay que devolver al Poder Judicial las facultades que se establecieron en la Constitución suprimiendo toda posible injerencia de otros poderes.
Creo que ahora estamos en el momento adecuado.
